El 25 de septiembre de 2006, las autoridades retomaron el control de la Granja de Rehabilitación Pavón. Siete reos perdieron la vida. Aún no se deducen responsables por los hechos.
La Oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) señaló en un informe que se trató de ejecuciones extrajudiciales y no de un enfrentamiento entre reos y autoridades como se había dado a conocer, por lo que el Ministerio Público le solicitó recientemente una copia certificada de los informes y el listado de testigos con los que se elaboró el documento.
Alejandro Rodríguez, jefe del departamento jurídico de la Oficina del PDH, indicó que en el transcurso de la semana se entregará lo requerido. “Se entregará evidencia documental, vídeos, casetes, fotografías e informes. Lo único que no se dará serán los nombres de testigos que declararon con garantía de confidencialidad”.
Acisclo Valladares, ex jefe del Ministerio Público (MP), indicó que esa institución debe cumplir con el papel que le manda la ley.
Yolanda Pérez, presidenta del Colegio de Abogados, coincidió con Valladares y ve sensata la petición del MP. “Resulta lógico que el MP solicite a la Oficina del PDH la documentación. Lo ilógico es que hasta ahora se preocupen por las muertes, aunque fueron delincuentes son personas con derechos”.
“Estoy segura de que el Fiscal va a entender el mensaje, deben asumir su papel a efecto de evitar sobresaltos”, dice Mirna Ponce, de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso.
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