Deben institucionalizar fuerzas de seguridad que sean respetuosas de los derechos humanos.
José Carlos Zamora
Hasta marzo de 2006 el Ministro de Gobernación, los viceministros de la Cartera, el director de la Policía y el Fiscal General gozaban de seguridad sufragada por los contribuyentes únicamente por el término de un año a partir del momento en el que daban fin a sus funciones como servidores públicos. El año pasado el acuerdo 151-2006 modificó el término anteriormente descrito y estableció que estos funcionarios y sus familiares tendrán el derecho a recibir seguridad patrocinada por los ciudadanos durante los cinco años posteriores al cese de sus funciones, es decir hasta 2012.
El aumento del período durante el cual se brinda seguridad a estos funcionarios representa para el Estado y en consecuencia para todos los que pagamos impuestos un costo de Q3.5 millones al año y un costo total de Q17.8 millones en el término de cinco años. Los guatemaltecos estaríamos de acuerdo de incurrir en este gasto, pero solamente si se logra establecer el desempeño que estos funcionarios tuvieron en el ejercicio de su cargo, es decir, si realizaron eficientemente su trabajo en la lucha contra el crimen organizado, dejando un país más seguro, ordenado y pacífico. De lo contrario el pueblo no tiene ninguna razón por la cual pagar por la seguridad de los ex funcionarios. No tiene por qué estar pagando para que estos sean defendidos del crimen organizado que por cierto nos azota a todos por igual. En los próximos meses es necesario que estas autoridades justifiquen el aporte que los contribuyentes haremos durante los cinco años posteriores al ejercicio de su cargo. Estas autoridades deben velar no solamente por combatir al crimen organizado con acciones de alto impacto e incursiones intermitentes en las áreas más afectadas por este flagelo, sino dejar cimentado un auténtico Estado de Derecho, dejando establecidas instituciones sólidas y permanentes para combatir la inseguridad en la que vive la ciudadanía.
Deben institucionalizar fuerzas de seguridad que sean respetuosas de los derechos humanos, que estén bien organizadas, equipadas y entrenadas, y las cuales deben ser civiles, profesionales, respetables, técnicas, confiables y apolíticas. Un Ministerio Público con un cuerpo de investigadores profesionales y capacitados para resolver técnica y científicamente cualquier tipo de crimen. Un sistema judicial moderno que permita acceso a la justicia a todos por igual y que sea eficiente y transparente en sus operaciones. Y un sistema penitenciario eficaz cuya finalidad sea la readaptación social del reo.
Únicamente dejando establecidas estas instituciones de manera coordinada y permanente se podrá dotar a nuestro país de seguridad, certeza de justicia y un auténtico Estado de derecho.
De lo contrario lo más justo sería que estos funcionarios no acepten los beneficios que les otorga el acuerdo 151-2006, ya que aceptarlos representaría un hurto a todos los guatemaltecos.
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