La paciencia de los pueblos tiene límites que este gobierno rebasa.
Anamaría Cofiño K.
Si Al Gore viviera en Guatemala habría recibido turbias amenazas o sería calificado de terrorista por denunciar los graves efectos que el calentamiento global está causando en el planeta. Ese es el tono que está asumiendo el vicepresidente Stein al equiparar la labor de los ecologistas cuando publican los daños que la minería de metales provoca en el medio ambiente, con los delitos que cometen los narcotraficantes y el crimen organizado. Sus recientes declaraciones a la prensa son peligrosas, no solo por achacarnos la ingobernabilidad que genera su poca atención a las exigencias de la población, sino porque de esa manera avala actos de violencia en contra de quienes no se resignan a seguir aguantando y callando. Que un alto funcionario diga que son los ambientalistas los causantes de los conflictos es no solo un acto de irresponsabilidad, sino de falsedad. Bien sabe él que los problemas sociales no los provocan las organizaciones, sino que son producto de un sistema injusto que tiene una larga historia.
Estudios técnicos sobre la calidad del agua, como el que realizó Flaviano Bianchini en las cercanías a la mina Marlin en San Marcos, son procedimientos que deberían llevarse a cabo constantemente por parte del Estado para garantizar que la operación no afecte la salud de quienes viven en el territorio ocupado. Pero como las autoridades parecen estar previamente posicionadas como defensoras ciegas de las empresas, solo reaccionan cuando la sociedad civil actúa legalmente para defender sus derechos. Me parece sospechoso que los ministerios de Ambiente y Recursos Naturales y de Salud Pública no hayan hecho estudios sobre la calidad del agua en el área afectada y que ahora, ante los resultados que muestran alarmante presencia de metales en el río Tzalá en el muncipio de Sipacapa, no digan nada de nada.
He leído una carta que el viceministro de Energía y Minas, Jorge García Chiú, envió a monseñor Ramazzini, donde dice que “aun sin tener resultados de laboratorio”, él puede “afirmar que no hay problema de drenaje ácido ocasionado por la mina” y acusa a Bianchini como “un reconocido farsante”, agregando que va a “solicitar una investigación acerca de los delitos que están cometiendo las personas y la organización que elaboró el estudio…”. Con estas palabras manifiesta claramente su posición al servicio de las empresas, criminalizando el trabajo de las organizaciones, y deja ver que no le importan los efectos dañinos que pueda sufrir la población.
Si en nuestro entorno encontramos hechos nocivos al bienestar colectivo tenemos derecho a denunciarlos. Si el gobierno no actúa, tenemos la obligación ciudadana de exigirles cumplir las funciones que les hemos delegado. Lo importante en este momento es evitar que la gente sufra las consecuencias de una operación que ha sido cuestionada no solo por la contaminación y los daños al entorno que provoca, sino porque de ello la gente no obtiene ningún beneficio y más bien va perdiendo sus escasos recursos.
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