El financiamiento debidamente auditado en el proceso electoral.
José Carlos Zamora
El TSE, además de fijar límites a las donaciones políticas, debe establecer un sistema de reporte público de contribuciones y gastos de campaña mensual, que al ir acercándose el día de las elecciones debe convertirse en quincenal y semanal, por medio del cual los partidos deben declarar de quién han recibido fondos y para qué los han utilizado. En caso de que el TSE no tenga los recursos o el tiempo necesario para montar este sistema para las próximas elecciones, los partidos deberían comprometerse a hacerlo por iniciativa propia a través de los medios de comunicación o cualquier otro medio de su preferencia. Haciéndolo demostrarían que son instituciones serias y honestas comprometidas con la transparencia y con el proceso de madurez de nuestra democracia.
Medidas como estas son las que aumentarán la confianza de todos los guatemaltecos en los comicios.
En el transcurso del presente año electoral es importante reiterarle al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y a los partidos políticos la importancia de la transparencia, fiscalización y límites al financiamiento de candidatos y campañas.
El TSE y el Congreso deben proteger a través de su mandato el derecho constitucional de sufragio procurando que se lleve a cabo un proceso electoral limpio y libre de vicios. Con ese fin deben de establecer las medidas necesarias para prohibir que el financiamiento de las campañas sea utilizado por los partidos, candidatos y grupos de interés (tanto lícitos como ilícitos) para crear compadrazgos que cimienten la existencia de tráfico de influencias que desembocarán en los ya conocidos proteccionismos que únicamente buscan beneficiar a intereses partidarios, personales y particulares en lugar de al debido y necesario interés público.
Con ese objetivo el TSE debe tomar medidas que vayan más allá del Reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, implementando políticas públicas que controlen y reduzcan el costo de las elecciones; que eliminen la injustificable influencia de terceros en el proceso electoral y en consecuencia en el posterior actuar del Estado; que obliguen a los partidos a hacer totalmente pública toda la información acerca de sus gastos de campaña y de las contribuciones recibidas para la misma, aumentando así la participación de los ciudadanos en todo el proceso electoral y no solo en los comicios y en los partidos políticos.
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