Guerra contra los informales

El funcionario a cargo de la operación indicó que este es un paso más “por convertir (nos) en un país legal” y destacó que a pesar de los esfuerzos emprendidos por el organismo que dirige, “luchamos contra un enemigo al que no le conocemos la cara, pues las mafias que dirigen este negocio… son muy poderosas”. Asimismo, “pidió un mayor esfuerzo y voluntad política al Estado… (para) tener más impacto… contra este delito…”. Dicho así, pareciera que se trata de algo relacionado con la seguridad nacional. ¿Quién podría dudar de la necesidad de convertirnos en un país legal? ¿De la necesidad de combatir a un enemigo al que no le conocemos el rostro? Cualquier acción se justifica en nombre de la ley, como por ejemplo que “un total de 450 mil discos compactos, 280 mil películas en formato DVD y VCD; 95 mil videojuegos; 1 millón 200 mil unidades de papelería; 50 mil carátulas… fueran destruidos”.

Es fácil este tipo de lectura cuando no se depende de un trabajo informal para llevar el sustento diario a casa. Cuando no se tiene necesidad de cuestionar la legitimidad de la ley para poder sobrevivir. Sin embargo, cuando se juzga lo sucedido con los vendedores informales desde otro punto de vista, tomando en cuenta la evolución reciente del problema y sus raíces institucionales, la lectura cambia. Más que un “paso por convertirnos en un país legal”, es un paso por “dar la apariencia de ser un país legal”. Más que luchar “contra un enemigo al que no le conocemos la cara” es una guerra contra “personas trabajadoras a las que queremos ignorar”. No sólo habría que decir que “las mafias que dirigen este negocio son muy poderosas”, sino aceptar también que esa es la razón por la cual resulta más fácil “perseguir al eslabón más débil de la cadena”. Solicitar “un mayor esfuerzo y voluntad política al Estado… (para) tener más impacto… contra este delito” debería entenderse como “perseguir, lastimar, golpear y expoliar a trabajadores honrados”.

A pesar de las coincidencias con el caso guatemalteco, las partes entrecomilladas del primer párrafo se refieren a la posición oficial del Superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria de Venezuela (Seniat). Institución que, la semana pasada, al igual que nuestro gobierno, le declaró la guerra a la “piratería”. Queriendo negar con sus acciones que la verdadera “revolución” consiste en generar más y mejores empleos, no en transformar a personas trabajadoras en delincuentes.  

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