Pese al cabildeo intenso que realizan los funcionarios del Ejecutivo sobre dos proyectos de ley, la aprobación parece ir cuesta arriba.
Propuestas como el proyecto que crea la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), y el Estatuto de Roma sobre la adhesión del país a la Corte Penal Internacional (CPI) son proyectos que generan desacuerdos entre las bancadas.
“Hay quienes están pensando en el pasado y les preocupa que empiece una cacería de brujas, por eso no creo que se vayan a lograr acuerdos”, señala Pablo Duarte, del Partido Unionista, en referencia al Estatuto de Roma, que busca la adhesión de Guatemala a la CPI, facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes graves de trascendencia internacional.
La propuesta de creación de la Cicig, que aún no ha sido conocida por el pleno y busca que varios investigadores internacionales se sumen al trabajo de recabar evidencias sobre los cuerpos ilegales por un período de dos años, tampoco muestra acuerdos reales. El primer retraso en su aprobación podría darse cuando el pleno tome la decisión de enviarla a consulta ante la Corte de Constitucionalidad (CC).
Sobre este proyecto, sólo el Partido Patriota ha manifestado abiertamente su apoyo.
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