El carnaval de la violencia

“En menos de 24 horas, 13 muertes violentas”, decía el titular principal de elPeriódico de ayer viernes. “Nueve muertos en dos ataques”, informaba el colega Prensa Libre, mientras que Siglo Veintiuno tituló “Acribillan a 9 en 2 ataques armados”. La radio y la televisión noticiosas han dado cuenta detalladamente a los guatemaltecos sobre tan lamentables sucesos. O sea que mientras en Río de Janeiro, Nueva Orleáns, Cádiz, Veracruz, Venecia y muchos lugares del mundo se celebra alegremente en esta época del año la fiesta del carnaval, en Guatemala sigue indetenible el desfile del crimen y el  temor de afrontar una ola de violencia extrajudicial anticriminal.

En nuestras calles también se ven disfraces y antifaces. Pero de asaltantes y maleantes y hay razones para pensar que también de vengadores justicieros que, al margen de los tribunales, han decidido dictar pena de muerte para presuntos y muy probablese delincuentes. Todo esto, sin que las autoridades muevan un dedo, al menos, en contra de estas acciones. No ha sido una exageración que una cadena noticiosa internacional de televisión difundiera por el mundo la versión de que en Guatemala se asesina a una persona cada dos horas. Esta nueva espiral de violencia demuestra el alarmante deterioro que están sufriendo la seguridad pública y el sistema de legalidad en el país.

Nuestro pueblo está siendo víctima de una ola delictiva que parece interminable. Ningún habitante del país se siente ni está seguro. De manera insoportable, la inseguridad pública constituye el principal problema que afronta nuestra nación, sin que pareciera avizorarse una solución definitiva.

El sistema de justicia de Guatemala está atravesando actualmente por una de sus crisis más agudas, debido a su ineficacia comprobada, lo cual estimula la acción de las bandas criminales y la de los vengadores extrajudiciales, que prácticamente tienen al país a su merced.

Miles de valiosas vidas de conciudadanos está cobrando la acometida delincuencial, que también incide negativamente en la economía del país, al ocurrir robos y asaltos en establecimientos comerciales, industrias y fincas.

Todos los sectores del pueblo de Guatemala exigen que el Gobierno cumpla, en sus últimos meses de gestión, con su elemental y obligado deber de garantizar la vida y los bienes de los pobladores, tal como lo establece y ordena la Constitución de la República, sin ningún pretexto. 

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