Estamos enfrentando una realidad de impunidad sostenida.
Iduvina Hernández
En ocasiones, se tiene la sensación de que se vuelven a vivir experiencias pasadas. Un fenómeno al que se conoce como déjà vu. El término casi podría aplicarse a las condiciones actuales en materia del trabajo de defensoras y defensores de derechos humanos, así como a la acción estatal en el tratamiento de la seguridad. Sin embargo, su uso también acarrearía dificultades por cuanto científicamente suele aplicarse en exclusiva al ámbito sicológico y no a los hechos en sí mismos.
Lamentablemente, en materia de derechos humanos, la realidad es otra y nos enfrentamos a situaciones que van directamente a lo concreto. Intimidaciones expresadas verbalmente, cara a cara, después de seguimiento a la persona afectada. Amenazas por la vía telefónica o mediante anónimos escritos, con información precisa sobre las personas objetivo de las mismas. Allanamientos físicos a sedes de organizaciones, con resultado de robo de insumos y equipo de trabajo, robo de información documental y, de paso, destrucción física de las instalaciones, secuestros y ejecuciones extrajudiciales.
Acciones que se han ejecutado en las últimas dos semanas en contra del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), el Equipo Comunitario de Apoyo Psicosocial (ECAP), el Movimiento Nacional de Derechos Humanos y su Unidad de Protección a Defensores de Derechos Humanos (Udefegua), así como de la Asociación Comunicarte y la Coordinadora Pastoral Campesina. En la primera semana de febrero hubo ejecuciones extrajudiciales de dirigentes sindicales, lo cual, sumado a la cifra de 38 ataques contra defensores en enero de 2007, pinta un panorama poco alentador para el trabajo de protección y defensa de los derechos humanos en el país.
Una situación de acoso, persecución y amenaza con tintes políticos, en función del trabajo realizado y la búsqueda de vigencia de derechos específicos o de acceso a justicia por genocidio. Contexto que, con ciertas diferencias en el entorno, empieza a tener un siniestro parecido con la persecución política de los regímenes criminales de Fernando Romeo Lucas y sus sucesores, Efraín Ríos Montt y Humberto Mejía Víctores.
Hechos que en la actualidad, lejos de tener persecución, disfrutan de tolerancia. Así las cosas y contando hechos, no estamos viviendo la sensación de cosas ya experimentadas sino enfrentando una realidad de impunidad sostenida que alimenta y tolera, incluso desde el Estado, las estructuras del terror y la barbarie.
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