Ello, mientras el Congreso aprueba finalmente el proyecto de ampliación presupuestaria.
Abner Guoz
Las relaciones entre el Ejecutivo y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no podrían ahora estar mejor. Luego de una charla sostenida entre el vicepresidente Eduardo Stein, el ministro de Finanzas, Hugo Beteta, y el pleno de magistrados del TSE, se acordó que el Ejecutivo trasladará Q75 millones a esa entidad.
Ello, en calidad de adelanto mientras el Congreso logra desentrampar las pláticas y aprueba el proyecto de ampliación presupuestaria donde el TSE pidió al menos Q409 millones para celebrar el evento electoral.
El adelanto correría a cuenta del monto total que el Legislativo apruebe a la máxima institución electoral en el país. Es decir, concederle los Q230 millones que pidió el Ejecutivo en el proyecto de ampliación, o bien los Q409 millones que pide el pleno de magistrados.
Según el vicepresidente Eduardo Stein, el Ejecutivo analizó que el TSE debe echar a andar proyectos importantes cuyo inicio no debe tardar más. Es por eso que cree que la Tesorería de la Nación está en capacidad de conceder ese dinero, quedando a la espera de lo que diga el Congreso en el futuro, lo cual es refrendado por el ministro de Finanzas, Hugo Beteta, quien prioriza la entrega en función de la importancia que tiene para el país el evento electoral a celebrarse en septiembre próximo. ¿Para qué servirá?
El presidente del TSE, Óscar Bolaños, no puede precisar para cuánto tiempo podrían alcanzarle los Q75 millones. Pero adelanta que serán usados para renglones que consideran prioritarios. Uno de ellos es el inicio de la capacitación al personal que estará a cargo de las elecciones, unas 15 mil personas, aproximadamente. También el monto serviría para el rubro de divulgación, calificado como “muy importante” por Bolaños, a fin de orientar a la población que tenga la intención de participar en las votaciones. Es criticable,
según Manuel Baldizón, presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso, la decisión del Ejecutivo no es la mejor salida pero considera que por la laguna normativa que existe en este momento el Ejecutivo puede realizar operaciones de este tipo.
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