La pérdida de control de la seguridad ciudadana

El Estado debe garantizar seguridad y justicia tal y como lo establece nuestra Constitución. Si el Estado no cumple estos deberes básicos es imposible que sus habitantes logren sentirse protegidos en cuanto a su persona y sus bienes, y consigan ser libres, sentirse seguros y logren desarrollarse integralmente dentro de un pacífico Estado de derecho donde exista un sistema de justicia que se aplique a todos por igual. Es importante recalcar que para garantizar las necesidades elementales de seguridad y justicia el Estado debe hacerlo de forma legítima, respetando la vida, los derechos humanos y el debido proceso.

Una de las grandes deficiencias de los últimos gobiernos y de la administración de turno ha sido la pérdida de control de la seguridad ciudadana. Esto debido a la falta de fuerzas de seguridad íntegras y profesionales, un débil sistema carcelario y un frágil sistema de justicia y de investigación de los hechos delictivos y lo que es peor aún un evidente sistema para-estatal de limpieza social que en lugar de fortalecer nuestras instituciones de seguridad y justicia las debilita y nos somete y expone a todos a más violencia.

La administración de turno tuvo la oportunidad y debió de haberse enfocado en llevar a cabo reformas profundas al sistema de seguridad y justicia, creando y ejecutando políticas públicas bien planeadas para combatir el flagelo del crimen organizado. En cambio se dedicó a hacer esporádicos operativos de alto impacto, que si bien fueron impresionantes no hicieron ningún cambio de fondo. Ahora tal vez ya sea demasiado tarde, pero en los meses que quedan todavía pueden sentar las bases para que a mediano y largo plazo se fortalezcan nuestras instituciones y logremos encaminarnos a un real Estado de derecho –por supuesto que esto también va a requerir de la continuidad de estas políticas por parte de la próxima administración– la que debe darles seguimiento pensando en el bien de nuestro país y no en una miope visión partidista.

Se deben estructurar reformas que modernicen el sistema judicial a través del reclutamiento de los mejores jurisconsultos de nuestro país para ocupar el cargo de jueces. Se debe fomentar la existencia de jueces imparciales, incorruptibles, capaces y honestos. Con este fin se debe depurar el sistema judicial y se deben de aumentar los salarios de todos los funcionarios del mismo. Al mismo tiempo se deben establecer sistemas efectivos de fiscalización judicial, un cuerpo de seguridad para proteger a los jueces y programas de capacitación profesional continua. De la misma forma se deben crear procesos judiciales que sean más expeditos y se debe asegurar acceso al sistema judicial a todos por igual, erradicando así la impunidad y la inmunidad. Por otro lado se debe terminar con la deficiencia en la investigación y persecución del delito que lleva a cabo el Ministerio Público (MP). Los fiscales, por la importancia de su cargo y su función, deben de perder el amparo de las leyes laborales y su permanencia en el cargo debe depender de resultados y su actuar también debe ser continuamente fiscalizado. Estos cuerpos de investigación también deben ser constantemente capacitados y deben contar con la tecnología necesaria para investigar y llevar a juicio todo hecho delictivo. De igual manera se deben iniciar y ejecutar reformas concretas al sistema penitenciario y a nuestras fuerzas de seguridad las cuales deben desarraigarse de cualquier vínculo con el crimen organizado o con grupos de limpieza social.

Urge el desarrollo e implementación de políticas concretas de seguridad y justicia que fortalezcan nuestras instituciones y su poder para aplicar la ley a todos por igual. Políticas públicas que reformen al reo o le apliquen la pena de muerte, pero tal y como la establece nuestra ley y no con la equivocada noción que para combatir al crimen el Estado a su vez debe convertirse en un Estado criminal.

Los recientes actos, además de ser salvajes, vergonzosos e intolerables, demuestran la complicidad o incompetencia del Ministro de Gobernación y del Director General y del Subdirector de Investigación de la Policía Nacional Civil. Si estos sujetos fueran conscientes de lo urgente y lo importante que es para todos los guatemaltecos tener a personas capaces en esos puestos deberían renunciar y entregarse a las autoridades en el primer caso, o renunciar y dedicarse a la pesca en el segundo.

Si la administración de turno no despide a sus funcionarios ineficientes y no sienta las bases para que se lleven a cabo reformas profundas, solo será uno más de los gobiernos que nos dejan de legado un sistema disfuncional y un país cada vez más violento y al borde del caos. ¡Aunque es un poco tarde aún estamos a tiempo para hacer cambios!

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