Necesaria refutación al Presidente

Dejé pasar el improvisado disparate de que sería convocada una consulta popular sobre el tema de Belice “aprovechándose el próximo proceso electoral” y también, el no menor, de que se aprovecharía ese proceso para que se aprobasen reformas a la Constitución de la República.

Ni uno ni otro tenían viabilidad alguna y, por eso los dejé pasar como una “ocurrencia” más en este océano sin fin de las “gubernamentales ocurrencias”.

Esta vez, sin embargo, no puedo dejarlo pasar y debo refutar al Presidente, puesto que su mensaje del pasado martes por la noche, transmitido en forma oficial por todos los canales de televisión, rebasa aquella esfera e implica un gravísimo desconocimiento sobre el tema tratado.

El Presidente está absolutamente errado y confunde el camino.

Atribuye este los últimos y gravísimos hechos ocurridos en Guatemala en materia de seguridad –el asesinato de cuatro ciudadanos salvadoreños, nada menos que a manos de cuatro integrantes de la “brigada elite” de nuestras fuerzas de Policía–paradoja de paradojas –para combatir el del crimen organizado– y el ulterior asesinato de estos –de los presuntos asesinos– colmo de los colmos– a manos de un escuadrón de la muerte y nada menos que en las propias instalaciones de la prisión de “más alta seguridad” del Estado, a que “la Policía Nacional Civil no ha podido ser depurada por culpa de nuestros jueces, ya queeestos, los jueces, reinstalaron a más de mil agentes que fueron despedidos…”

La verdad de las cosas es que si estos policías fueron reinstalados fue única y exclusivamente por la más absoluta ineptitud de quienes no supieron despedirlos con la ley en la mano, cumpliendo con los mínimos requisitos exigidos para hacerlo pero, además, ninguna incidencia podría tener esta situación en lo ocurrido porque ninguno de los cuatro supuestos asesinos fue despedido por el actual Gobierno ni reinstalado por juez alguno como tampoco lo fueron los dos jefes de Policía, cabeza de la “División antinarcóticos de la Policía Nacional Civil”, que fueron capturados hace más de un año en Estados Unidos –también paradoja de paradojas y también colmo de los colmos– como cabezas del narcotráfico. Ninguno de estos fue jamás despedido ni reinstalado sino –antes bien– fueron tenidos por el Gobierno dentro de las brigadas elite, de su más “absoluta confianza”.

No debe de echarles la culpa pues, el Presidente, a los jueces, al Organismo Judicial, de lo que no podría ser culpa de nadie más que del Organismo Ejecutivo, el Organismo que él preside.

No existe solución alguna en el improvisado proyecto de ley –¡y dale con la diarrea legislativa!– que anuncia el Presidente que mandará al Congreso para que le permita hacer la depuración de la Policía Nacional Civil que no ha podido “por culpa de la ley y de los jueces”.

Que ordene el Presidente a sus subalternos que cumplan con la ley y verá que la depuración es posible, sin necesidad de cambio alguno.

Cumplir y hacer que se cumplan las leyes: tal la función primera del Organismo Ejecutivo. ¡No se olvide! Pero debo insistir: el que se haya puesto a narcotraficantes y asesinos al frente de las brigadas contra el Narcotráfico y contra el crimen organizado nada tiene que ver con el supuesto “frustrado intento” de depurar la Policía Nacional Civil, puesto que ni aquellos dos, ni estos cuatro, fueron despedidos y reinstalados por los jueces, sino, antes bien, tenidos por nuestras autoridades en tales posiciones.

¿No cree el Presidente que sería un buen comienzo preguntarse por qué?    

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