Por una Guatemala gobernable

Basta dar un vistazo rápido a las noticias de los últimos días para percatarnos de que persisten problemas de diversa índole que ponen en duda a las instituciones del Estado y vulneran seriamente nuestra incipiente democracia. La cara que presenta Guatemala no es la de la nación que los padres deseamos para nuestros hijos y para nuestros nietos. Adicionalmente, aunada a la presión de los retos internos, el escenario internacional apunta hacia una situación económica, social y ambiental que acarreará nuevos desafíos y que seguramente incidirá en la situación de pobreza que afecta a la generalidad de familias guatemaltecas.

Todo esto ha puesto al descubierto una inminente crisis de gobernabilidad en nuestra sociedad, la cual debemos encarar con urgencia y con sabiduría. Las señales de alarma están ahí. Lamentablemente, en demasiados casos y generalmente de manera poco efectiva, la ruta que hemos seguido para encarar los problemas se ha quedado en la búsqueda de los culpables. No cabe duda de que para garantizar un Estado de Derecho deben deducirse responsabilidades y fortalecer el sistema de administración de justicia. Sin embargo, ello no es suficiente. Debemos tener claro que muchos de los problemas sociales, económicos y de seguridad que enfrentamos son la manifestación palpable de un sistema que no funciona. Por ello, los remedios a nuestros males requieren transformaciones de fondo.

Las soluciones apuntan a encontrar una forma innovadora para salirle al paso a la crisis y a la necesidad del surgimiento de un liderazgo renovado en el país. En artículos anteriores he insistido en que la coyuntura electoral que vivimos debe servir para que los partidos políticos logren establecer un pacto amplio, que permita atender conjuntamente los principales problemas nacionales. Más allá de las banderas electorales, las distintas plataformas políticas deben actuar con responsabilidad y celeridad. Guatemala no será gobernable para nadie si no se alcanzan consensos que permitan que los poderes del Estado, con el concurso de los distintos sectores del país, trabajen coordinadamente en una estrategia común.

Me parece que el Organismo Legislativo puede jugar un papel determinante en propiciar estos entendimientos y acuerdos. Es vital reconocer que ya se han dado pasos importantes. Los partidos políticos representados en el Congreso de la República alcanzaron el año pasado acuerdos importantes vinculados al Plan Visión de País. Ahora corresponde dar seguimiento a los compromisos suscritos en los campos de seguridad y justicia, salud y nutrición, educación y desarrollo rural y lograr que los mismos se traduzcan en planes de acción.    

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