El futuro de la comunidad nacional

El Estado es un invento de la comunidad humana para preservarse. Pero el Estado, sobre todo, es una expresión de poder. Goza de ciertas facultades discrecionales para decidir prioridades y distribuir cargas y beneficios en la sociedad. El uso de esos poderes y la manera como enhebra a su comunidad es lo que califica la naturaleza del Estado y, más importante, su legitimidad.

En Guatemala lo primero que califica al Estado es su centralización. La distancia entre el mundo rural y el urbano es mucho más grande que la que existe en la pirámide social, a causa de la excesiva concentración del poder del Estado. Ese dato es fundamental para entender los cambios del Estado durante el período democrático. La administración estatal en manos civiles fue estrechamente custodiada por la cúpula militar hasta que, en 1994, tomó el relevo la cúpula del poder económico.

A pesar de que resulta difícil disociar en el país el auge de los grandes capitales sin los beneficios del Estado, esos mismos capitales no sienten mucho aprecio ni identidad estatal. Quizá por eso abrazaron tan rápidamente y casi al unísono la causa neoliberal. Al Estado entonces se le despojó de poderes necesarios para la preservación de la comunidad nacional, y nadie alegó. ¿Quién podría tener razones para hacerlo?

Las comunidades rurales, no; las clases populares, tampoco. Tal vez ciertos segmentos de las clases medias urbanas que desde los años cincuenta y hasta los ochenta encontraron en el Estado un mecanismo de ascenso social, estabilidad laboral y acceso a ciertos servicios, lo pudieron haber hecho. Pero carecían de poder y estaban socialmente tan aislados, que acabaron condenados junto con un aparato estatal que envejeció tan rápidamente que perdió atractivo y cualquier halo de prestigio.

Todas esas son razones que me hacen pensar que Guatemala sigue caminando irrefrenablemente a su disolución práctica como régimen republicano. Los fraudes bancarios, el gobierno del crimen organizado en los aparatos de seguridad y los negocios corruptos de funcionarios son anécdotas cotidianas de una historia que a nadie sorprende ni siquiera alarman. Resistencia no hay, más bien acomodo. Y la mejor muestra es el floreciente clientelismo político en período electoral. Estallido social, en sentido clásico, tampoco. La descohesión social es una ruta más práctica de supervivencia individual, aunque más costosa –casi suicida– en términos de preservación de una comunidad nacional.

Y repetimos la historia: nos quejamos, somos víctimas, pedimos soluciones y cuando aparecen no las vemos o hacemos rictus de desconsuelo –son utópicas o ingenuas–. Cualquier estrategia colectiva basada en valores no parece otra cosa que una quijotada. Así, lamentándonos, el país se nos va de las manos, o nos vamos del país.  

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