Fracaso del Estado clientelar

En varias ocasiones he sostenido que en 1985, a pesar de que en el papel se instituyó una democracia institucional en Guatemala, fundada en un Estado de derecho, lo que en realidad se gestó fue un Estado clientelar, legitimado por una democracia electorera. Pasamos, entonces, de un régimen militarista, sustentado en la fuerza, la arbitrariedad y la represión, a un Estado clientelar, articulado sobre una base de simulación de instituciones, de una legalidad aparente y de un progresivo clientelismo político (intercambio de favores por apoyo político y votos). Para el Estado clientelar los ciudadanos son verdaderos clientes, o sea individuos dependientes que están bajo el control y regencia de quienes los protegen, tutelan, amparan, patrocinan o ayudan. Luego, el régimen clientelar se articula en torno a un sofisticado sistema rentista, asistencial y prebendario, que reparte recursos y privilegios con absoluta discrecionalidad y opacidad.

Lógicamente, el régimen clientelar guatemalteco jamás ha tenido la capacidad de cumplir con las obligaciones fundamentales que la Constitución le impone al Estado de Guatemala (garantizar la vida, seguridad, libertad, justicia, paz y desarrollo integral de la persona), lo que se ha traducido en una patética ausencia del Estado en la vida nacional, así como en una insoportable ingobernabilidad, en recurrentes crisis políticas y en la falta de respuesta a las necesidades básicas de la sociedad.

El principal síntoma del fracaso del Estado clientelar es que los conflictos en general no se están dirimiendo por la vía pacífica y legal, sino en el terreno de los hechos. Esto se manifiesta a través de la incontrolable espiral de violencia, de la proliferación de bandas delincuenciales y del creciente poder del crimen organizado, cuyo caldo de cultivo es la impunidad, la anarquía y la ilegalidad, así como a través del surgimiento de grupos de choque, vengadores y paramilitares que hacen justicia por propia mano o ejecutan macabras “limpiezas sociales”.

Dentro de las prioridades del Estado clientelar no está previsto el fortalecimiento del sistema de seguridad y justicia. Por tanto, hay recursos para todo (incluso para despilfarrar), menos para seguridad jurídica, fundamentalmente porque, a juicio de los grupos de poder, los dineros destinados a estos menesteres no son políticamente rentables en el corto plazo o, simplemente, no les conviene. Cabe traer a colación que en Guatemala se asigna al Poder Judicial solo el 2 por ciento del Presupuesto del Estado y al Ministerio Público la mitad de ese tanto. En todo caso, nuestro desafío como sociedad no está en retornar a un régimen autoritario, como pretendió el ex gobernante Jorge Serrano (en 1993), ni en transitar hacia otro de carácter populista, mesiánico, redentor, emocionante e irresponsable, sino en aplicarnos en la construcción de un genuino Estado de derecho, que haga realidad el imperio de la ley en nuestro país.   

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