El CICIG y los últimos crímenes

Los últimos crímenes o, mejor dicho, las consecuencias que estos han tenido, tanto nacional como internacionalmente, parecen estar llevando al Gobierno de la República al borde de la desesperación, a tal extremo que ya se habla de “militarizar” la Policía y, lo más grave aún, la investigación que realiza.

Pareciera ser que nuestras autoridades civiles quisieran, una vez más, vicio recurrente en nuestra historia, desentenderse de sus problemas y cobijarse bajo las faldas militares.

También se le pone un inusual apremio al Congreso de la República para que apruebe sin más –“de Urgencia Nacional”– lo referente a la Comisión Internacional para Combatir la Impunidad en Guatemala (CICIG) y otro tanto para introducir reformas a la ley que solo vendrían a restringir las pocas conquistas sociales de que gozan los agentes de Policía y los protegen del abuso.

Si al policía se le trata como escoria, se comporta como escoria.

Nos encontramos pegando bandazos, de la cobija militar a la de las entidades extranjeras y lo único que está claro es que –como siempre– nuestras autoridades son incapaces de asumir las responsabilidades que les corresponden y pretenden que sean otros quienes les saquen el trabajo.

Con un oportunismo mediocre, derivado de los últimos sucesos, se trata de lograr la aprobación precipitada del CICIG.

El actual Gobierno plagó de militares retirados y de otros personajes la Policía Nacional Civil, resquebrajando el orden jerárquico de la institución, lo que dejó el mando efectivo en manos de invisibles “asesores”. Lo señalé en su momento: el problema no lo constituye la presencia de expertos de esta índole sino que estos no figuren en los cuadros jerárquicos y, en consecuencia, actúen a través de otros, sin asumir responsabilidad alguna. Como quien dice, dando el golpe y escondiendo la mano.

La investigación no puede militarizarse puesto que no es a la Policía a quien le corresponde dirigirla sino al Ministerio Público y el solo proponerlo es un atentado en contra de la institucionalidad misma del Estado. Militarizar lo operativo, por su parte, no es sino desconocer la distinta naturaleza de las dos instituciones.

En el conflicto armado ocurrió algo parecido: La total ineficiencia de los pachucos –las autoridades civiles– que fueron incapaces de crear el marco jurídico para enfrentar a la insurgencia y de juzgarla con la ley en la mano, determinó que el Ejército se convirtiese, de hecho, en legislador, soldado y juez, al mismo tiempo.

Al final del conflicto, hubo de acudir el Estado a las instituciones extranjeras para que lo reorientasen en sus funciones y sus fines.

Volvemos a las mismas. La sola propuesta de militarizar la Policía Nacional Civil para sacarla del hoyo en que se encuentra, resulta desalentadora, amén de contradictoria con la otra, la de precipitar la aprobación del CICIG.

En cuanto a este, creo que resulta válido todo esfuerzo que se realice para combatir el crimen y, muy especialmente, el crimen que emerge del Estado. Sin embargo, debo señalar el vicio recurrente de nuestras autoridades civiles, incapaces de asumir por sí mismas, una vez más, las responsabilidades que les corresponden.    

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