El rincón de Casandra

El guatemalteco es en ciertos temas masoquista. Recuerda un poco al francés –observación de un alto funcionario galo de paso por tierra chapina– que todo lo critica y en todo se afronta. Sin embargo la dulce Francia es un país naturalmente rico, de belleza singular donde la calidad de la vida– sobresaliendo su espléndida gastronomía en nada comparable con las “espumitas catalanas” tan de moda en estos tiempos– es excepcional y envidiada por amigos y extraños.

Guatemala, por su parte, es un país –comparado con el resto de Centroamérica, con naciones caribeñas y más de alguna sudamericana– bastante estructurado, con una belleza natural diferente, una economía pujante y con una ciudad capital– considerando su tamaño con cualidades y defectos de toda ciudad cosmopolita del mundo. ¿Acaso la gran mayoría de los diplomáticos acreditados en Guatemala– y a pesar de sus críticas públicas que responden con frecuencia a sus agendas personales– no están satisfechos de su estancia en este país?

Una vez aseverado lo que antecede, entremos al punto negro que es la delincuencia persistente resultante del conflicto armado. Señalemos que el problema no es exclusivo de Guatemala –ahí está El Salvador en condiciones de seguridad lamentables–el presidente Saca se fue un poco de la lengua, Colombia no se diga... y qué pensar de la inseguridad de Irak derivada de la guerra contra Saddam Hussein. La violencia que se genera al finalizar cualquier conflicto bélico no es históricamente nuevo. En todas partes del mundo y como resultado de tales situaciones se liberan las Furias que requieren energía, técnica y habilidad gubernamental para aplacarlas. Pero más aún la voluntad de vivir en paz de la sociedad misma. Quizás el problema excesivamente agudo de inseguridad de Guatemala se deba al poco sentido histórico de sus gobernantes de las últimas dos décadas al no haber tomado las previsiones post conflicto armado oportunamente lo que era entonces posible de haberse entendido la situación. Por el contrario, se desmanteló la guerrilla, se desarticuló el Ejército y se desbarajustó el sistema judicial. En contraparte con una soberbia exagerada se creó una “nueva” policía civil a base de elementos antiguos reciclados, corruptos en su mayoría y más aún sin ningún contrapeso ni control. ¿Quién, en tales circunstancias, tiene el poder de ponerle el cascabel al gato? Los gobiernos chapines de la época democrática no han podido remediar la situación ni podrán hacerlo sin un plan de Estado que traspase los gobiernos sucesivos y quizás tomaría ello –en el mejor de los casos– una generación más.

El loro parlanchín escucha, medita y calla.

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