Opinión:Mucho peor que una burradaEl ex director de Investigación Criminalística, Víctor Soto Diéguez, cuenta que el difunto Luis Herrera se acercó a él para confesarle: “Jefe, cometimos una burrada”. Se refería al asesinato de tres parlamentarios salvadoreños y su piloto. Por: elEditorial
El ex director de Investigación Criminalística, Víctor Soto Diéguez, cuenta que el difunto Luis Herrera se acercó a él para confesarle: “Jefe, cometimos una burrada”. Se refería al asesinato de tres parlamentarios salvadoreños y su piloto. Soto Diéguez, separado de su cargo en tanto se realizan las investigaciones para conocer su responsabilidad en los hechos, relató lo anterior a la hora de comparecer ante el Ministerio Público.
Pero no, no fue una burrada la que cometieron los agentes. En realidad, cometieron una ejecución extrajudicial, como miembros de las fuerzas de seguridad de Guatemala y su comportamiento es punible en un Estado de Derecho. Se supone que se confundieron. Creyeron que mataban a quienes eran supuestos narcotraficantes, pero en ningún caso se puede legitimar que ellos como agentes del Estado ajusticiaran a ninguna persona aunque se tratara del más cruel y sanguinario de los delincuentes, excepto que lo hubieran hecho en medio de una refriega o de una acción que perseguía su captura. Menos aún, que les aplicaran torturas en un sitio apartado. Hay evidencias de esos vejámenes. Guatemala es signataria de la Convención Americana de Derechos Humanos y de la Convención Americana Contra la Tortura y como Estado, es merecedora de sanción porque sus agentes hayan llevado a cabo ese tipo de prácticas cobardes y deleznables. Difícilmente lograría el país ganar una demanda de este tipo en su contra y le costaría mucho dinero al erario nacional, dinero tributado por los guatemaltecos, compensar a los familiares de las víctimas. Resulta paradójico que durante el gobierno de Óscar Berger y Eduardo Stein, que ha alcanzado acuerdos con distintos demandantes del Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ha comprometido pagos millonarios para compensarlos, se produzcan de nuevo hechos que ameriten erogaciones a futuro. Pero mucho peor que eso es descubrir que en el país estas prácticas aún tienen vigencia. El señor Soto Diéguez se encuentra hoy vinculado a una investigación y solo debido a eso ha expresado tales palabras. Debe reconocerse que, a diferencia de Javier Figueroa, él comparece ante la justicia. El Ministerio Público tiene hoy la obligación de dar respuesta cuanto antes a las muchas interrogantes que se abren con este funesto episodio y procurar así que nunca más vuelva a repetirse. Agregar comentario: |
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