Un cuerpo legal necesario para proteger a los consumidores.
Mario A. Mérida G.
La muerte violenta de cuatro ciudadanos salvadoreños cuyo móvil todavía se desconoce; el asesinato de cuatro de los supuestos responsables de ese crimen por sujetos pendientes de identificar; las continuas intervenciones públicas del Director de la Policía Nacional Civil, que solo generan más desinformación; la visita del presidente George Bush, convertida en circo por sus detractores que la ven como una ofensa por la irresuelta situación de los migrantes guatemaltecos, así como las rígidas medidas de seguridad implementadas por EE.UU., y la interpelación al Ministro de Gobernación, convertida en pulso político entre el partido interpelante y el Gobierno… nos ha distraído de tareas pendientes, como la ley de comercialización del gas.
En 2003 escribí respecto a la importancia de modernizar la venta de gas, en esa oportunidad expresé: es “poco común comentar acciones positivas del Organismo Legislativo en beneficio de la sociedad guatemalteca… Ojalá que esta ley de beneficio social no sea politizada” (elPeriódico 7/enero). Esa fecha contraje el compromiso de apoyar su promulgación. Hoy, les comento que la ley está a punto de ser aprobada, gracias al dinamismo de los integrantes de la Comisión de Energía, presidida por el diputado Fernando Pérez; la aceptación en cuanto a su responsabilidad en el buen estado y mantenimiento de los cilindros de gas; al interés de los medios de comunicación y la mediación de algunos columnistas.
La promulgación de la ley vendrá a favorecer a alrededor de 4 millones de usuarios, quienes contarán con la información necesaria para exigir calidad, peso y el buen estado de los cilindros; optimizará la investigación del Ministerio Público, cuando ocurran accidentes causados por el mal estado de los tambos; incrementará la venta y reducirá el riesgo de pagar compensaciones a las empresas que cumplan con las normas establecidas, pero, principalmente, minimizará la pérdida de vidas humanas. Es innegable que el contenido de la ley será de beneficio para quienes utilizan este producto y de las compañías distribuidoras, como ocurre en países como El Salvador, Costa Rica y Colombia, que se rigen por una ley similar.
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