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    Guatemala, miércoles 14 de marzo de 2007

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    PORTADA

    Plantea demanda contra el Estado de Guatemala

    La empresa Railroad Development Corp. (RDC), operadora de Ferrovías, será la primera empresa estadounidense en acudir a un arbitraje bajo el CAFTA.

    “El momento para negociar se acabó”, declaró ayer Henry Posner III, presidente de Raildoad Development Corporation (RDC) al anunciar que han presentado un aviso de intención para plantear un Juicio de Arbitraje en contra del Estado de Guatemala bajo las reglas del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y EE.UU. (CAFTA, sus siglas en inglés).

    El magnate ferrocarrilero alega que las acciones y omisiones por parte del Gobierno de Guatemala, que incumplen la concesión otorgada a Ferrovías, filial de RDC, han afectado su inversión, provocándole pérdidas graves ante la imposibilidad de obtener créditos y la negativa de los clientes a negociar con ellos.

    El anuncio de Posner III se produce luego que el 11 de agosto de 2006, a un mes de la vigencia del CAFTA, el Gabinete de Gobierno declarará lesivo a los intereses del Estado el contrato que permite a Ferrovías utilizar 12 locomotoras pertenecientes a la estatal Ferrocarriles de Guatemala (Fegua) para prestar el servicio de transporte de carga entre Guatemala y Puerto Barrios, proceso que se dilucida en los tribunales de justicia.

    La decisión de demandar al Estado de Guatemala a nivel internacional se tomó tras intentar solucionar los conflictos en los tribunales locales, señaló Juan Pablo Carrasco, miembro del equipo de abogados de RDC.

    RDC será la primera compañía que solicita un Juicio de Arbitraje bajo el Capítulo 10 del CAFTA, que protege las inversiones de empresas de los países socios. La compañía demanda al Estado de Guatemala una compensación de US$15 millones por la inversión realizada desde 1996 a la fecha para reestablecer el servicio de transporte ferroviario, y US$50 millones por los beneficios que dejará de percibir en los 40 años que restan de concesión, más costas judiciales, explicó Carrasco.

    Regina Vargo, la asesora

    La abogada Regina Vargo, ex funcionaria estadounidense que negoció el CAFTA, y que ahora trabaja para el bufete Grenberg Traurig, es la asesora de RDC.

    Al ser consultada sobre la demanda de su cliente, Vargo afirmó “tenemos un caso excelente” de expropiación indirecta sobre el cual el Gobierno de Guatemala tendrá que rendir cuentas bajo el marco del CAFTA. Posner III agregó que creen que “tales acciones fueron tomadas por encargo de empresas privadas locales, interesadas en determinados activos de la concesión”.

    A las 10:22 horas de ayer, los abogados de RDC notificaron a la Dirección de Administración de Comercio Exterior del Ministerio de Economía que accionan el mecanismo de protección a las inversiones bajo el CAFTA.

    A partir de la notificación, el Gobierno tendrá tres meses para preparar su estrategía legal para un reclamo de arbitraje ante el Centro Internacional de Resolución de Controversias relacionadas con al Inversión (ICSID) con sede en Washington D. C., EE.UU. El proceso legal podría durar alrededor de dos años.

    Si el Tribunal de Arbitraje resuelva en su contra, Guatemala, deberá compensar a la RDC con la suma solicitada, y podrá ser sujeto de una multa económica de hasta US$15 millones.

    Cautela

    Al ser consultado sobre la demanda de RDC, Mario Gordillo, Procurador General de la Nación, afirmó que en el país aún se está dilucidando el proceso de lesividad. Falta que un tribunal de lo contencioso declare lo lesivo del contrato, explicó el funcionario.

    “Ellos (RDC) se están adelantando, aún tienen pendiente una audiencia en el tribunal que conoce el caso –de lesividad–, además bajo el CAFTA, nos puede obligar a sanción de US15 millones y no la suma que pretenden demandar”, afirmó Gordillo.

    Para el Estado de Guatemala, Ferrovías, subsidiaría de RDC, ha incumplido con su obligación de invertir y rehabilitar la vía férrea. Sin embargo, Jorge Senn, gerente general de Ferrovías, alega que es el Estado de Guatemala quien ha incumplido con su obligación de garantizar el derecho de vía, al no desalojar a los invasores que se han ubicado a la orilla de la línea del ferrocarril, además de que adeuda más de US$3 millones a un fideicomiso destinado a darle mantenimiento a la vía.

    LORENA ÁLVAREZ

    13 marzo 2007

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