Voces de alerta

En las últimas semanas la opinión pública se conmovió con las noticias del secuestro y posterior tortura y asesinato de tres diputados salvadoreños al Parlacen, la captura de cuatro oficiales de la Policía directamente implicados en este hecho criminal y el asesinato de los mismos días después en la cárcel de alta seguridad denominada El Boquerón. Las repercusiones a nivel nacional e internacional no se hicieron esperar y Guatemala fue nuevamente noticia de primer plano con los consiguientes señalamientos en el sentido de que la violencia del crimen organizado no cesa sino, más bien, cuenta en forma directa o indirecta con el apoyo de ciertas fuerzas de seguridad que, como lo han demostrado los hechos, han sido infiltradas desde hace tiempo.

En los medios de comunicación social se han publicado editoriales y columnas que han tratado a profundidad este tema y que reflejan la ansiedad y, por qué no decirlo, la angustia del pueblo de Guatemala que no encuentra explicación razonable para lo que ha venido sucediendo. Hay más incógnitas y preguntas que respuestas y por ello no es posible permanecer al margen o adoptar una actitud pasiva ante estas graves circunstancias. Ojalá que esos hechos no queden impunes. Es cierto que estos problemas vienen desde lejos y que algunos funcionarios del Gobierno anterior facilitaron la acción del narcotráfico al que se permitió adueñarse, de partes del territorio nacional ya que las autoridades municipales y las comunidades mismas en muchos departamentos fueron gradualmente cayendo en las redes de las mafias que cuentan con el apoyo de los carteles colombianos y mexicanos.

Las pandillas o maras que ya se habían organizado de tiempo atrás resultan ahora trabajando en alguna forma a favor del crimen organizado. Se vuelven, entonces, peones a sueldo que comenten crímenes por la paga y contribuyen a mantener la zozobra en áreas urbanas de la capital y del interior de la república principalmente. Estos males que nos aquejan no son exclusivos de Guatemala. Más bien todos los países centroamericanos en mayor o menor grado están afectados por el mismo problema y no digamos lo que sucede en Colombia y en México. Es cierto también que para combatir con algún éxito el poder de los carteles se requiere del apoyo y cooperación de la comunidad internacional. En este sentido, creo que es bienvenida la iniciativa del presidente Bush quien durante su corta visita a Guatemala, anunció que se regionalizará la lucha contra los narcos.

Tenemos indudablemente una responsabilidad compartida y también Estados Unidos deberían impulsar políticas que desincentiven el consumo de la droga en ese país. Mientras mayor la demanda, la producción y la exportación de droga igualmente aumentará. Por ello pensamos que se necesita un esfuerzo de doble vía porque es injusto y poco razonable que el peso mayor de la lucha contra el narcotráfico recaiga sobre estos países pequeños con tantísimos problemas económicos y sociales donde la pobreza así como la marginación social están presentes en un clima de injusticia permanente.

Guatemala necesita de la experiencia que se tiene en otros países en la lucha contra el narcotráfico. El Gobierno del presidente Calderón en México que tan solo lleva un poco más de cien días en el poder, ha evidenciado su voluntad política de hacerle frente al crimen organizado. Las operaciones que las fuerzas de seguridad conjuntas, incluyendo al Ejército mexicano, que se han llevado a cabo en distintos estados mexicanos empiezan a tener resultados efectivos. Esa experiencia como la colombiana puede ser valiosa para Guatemala.

Menciono lo anterior porque aquí en Guatemala debemos entender y aceptar que se está dando una verdadera crisis del Estado de derecho y que las autoridades a estas alturas deberían reconocer sus limitaciones y pedir la cooperación y el auxilio de todos los sectores representativos de la sociedad.

Quizá valdría la pena impulsar un diálogo nacional sobre este problema y hacer un enfoque con visión de nación. Aunque fue bien recibida la presentación que hizo el vicepresidente Stein ante el cuerpo diplomático sobre este problema y también se vio con buenos ojos el acuerdo gubernativo para activar el consejo asesor de seguridad, con toda franqueza, no basta. Lo que se trata es de entender el grave problema de seguridad y que el Gobierno, en el cumplimiento de la Constitución y las leyes, debe hacer un esfuerzo concertado para hacer frente a esta dramática situación.

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