Privados de Estado

Ocurrió con la política de educación, que acabó en un pierde-pierde. La ministra Aceña no pudo legitimar su reforma, pero de todos modos las vocaciones del magisterio público parecen derruidas: apenas diez estudiantes se inscribieron este año en la Escuela Normal Central; mientras, la funcionaria impuso, por acuerdo ministerial, un cúmulo de asignaturas materialmente inalcanzables. Pero la fuerza social de la política sigue desarmada, por eso los maestros vuelven a protestar.

Ha sucedido con la política de explotación minera y con uno que otro mega-proyecto (puerto Champerico, por ejemplo), cuyo saldo es gana-pierde. Ganan acciones rentables y comisiones jugosas Berger, familiares, socios y operadores con las más de 500 licencias otorgadas. Pierden las comunidades y el país: regalías miserables, daños onerosos al ambiente y altos perjuicios a la salud de la gente. ¿Qué decir de las pérdidas de inversiones bancarias y el ayuno de billetes que golpeó sobre todo la economía informal?

Y ahora está ocurriendo con la seguridad pública. En un país normal si un grupo de policías confiesa haber recibido la orden de matar a diputados de un órgano de integración, y luego son ejecutados en la cárcel de máxima seguridad, lo menos que puede ocurrir es que el ministro y el director de Policía se van destituidos, y las fuerzas de seguridad son investigadas al derecho y al revés para desmantelar las estructuras mafiosas. Pero no.

Más tarde, un político denuncia la existencia de dos escuadrones de la muerte dentro de Gobernación, lo cual a esas alturas habría desatado una crisis de Estado. Pero no. Con indignación auténtica los funcionarios le reclaman al político: “¿Con qué autoridad moral nos acusa?”. Entre tanto, el clamor ciudadano ante el espanto tendría profundas implicaciones políticas en año electoral.

Pero el quejido es sordo.
O sea, este no es un país normal con democracia normal. Berger, comentan dirigentes políticos que conversaron con él en estos días, no ha perdido el sueño ni su tiempo en estos asuntos, pues opina que se reducen a “alharaca de la comunidad internacional”. Los quejosos reales son el ministro de Gobernación y el director policial que reclaman poca solidaridad: ¡Nos manchamos las manos por una sociedad malagradecida!

Detrás de los debates de depuraciones, reestructuraciones y refundaciones, la visión del Gobierno se va imponiendo, y con ella la pérdida de sentido de la función pública y una más grave exposición de la fractura social. Quienes defienden la política de Vielmann es porque le fían personal y gremialmente, o porque les ayudó a resolver casos dramáticos de secuestros y extorsiones. Pero, ¿el 99.9 por ciento de la población restante? Les queda confiar en la protección y justicia divinas, la autodefensa, el linchamiento o el venadeo. Así es el Estado privado y la privación de Estado.

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