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    Guatemala, miércoles 28 de marzo de 2007

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    Requisitos: antecedentes penales, policíacos, y prueba del polígrafo

    Un centenar de pruebas se aplican mensualmente, desde conserjes hasta gerentes, para optar a una plaza.

    En los últimos meses se incrementó el uso de las pruebas poligráficas para la contratación de personal en el país. Aproximadamente, cien personas al mes son sometidas a estos exámenes sin importar el puesto al que apliquen. Ya no bastan los antecedentes penales y policíacos.

    Desde conserjes, pilotos de cisternas, vendedores de muebles, cajeros, secretarias, personal que maneja valores, distribuidores de alimentos hasta gerentes generales, se ven expuestos a contestar preguntas previamente pactadas con los empleadores, ya sea para aplicar a una plaza o conservarla. Sobre todo por el temor al espionaje industrial.

    La prueba debe ser autorizada por la persona, de lo contrario no se realiza.

    Las encargadas de hacerla son las empresas de seguridad privada pues son las que cuentan con el equipo respectivo.

    Kenneth Paredes, un joven de 25 años, renunció a su empleo a principio de este año al ser seleccionado, junto a medio centenar de personas, por el Ministerio Público para recibir capacitación como Técnico en Investigación Criminalística.

    Cuando llegó al final del curso le solicitaron que hiciera la prueba del polígrafo. Él aceptó. Pero al presentarse al Departamento de Recursos Humanos del MP, le indicaron que no le daban la plaza. Ahora, Paredes está desempleado y sin un medio donde usar sus nuevos conocimientos.

    El código de trabajo

    La práctica de pruebas poligráficas no es ilegal. Randolf Castellanos, abogado laboralista, señaló que el Código de Trabajo establece que todo trabajador debe someterse a exámenes médicos, pero que las demás pruebas no están prohibidas. “Existe libertad de contratación, así los empleadores pueden hacer cualquier prueba para contratar personal, pueden hacer lo que la ley no prohíbe”, dijo.

    Estas medidas violan el derecho de los trabajadores al restringir el acceso a un empleo, según Marco Vinicio Hernández, defensor del Trabajador de la Oficina del Procurador de Derechos Humanos (PDH).

    “La prueba de polígrafo es lesiva al derecho de todo ciudadano a optar por un empleo, viola el Artículo 101 de la Constitución de la República”, comentó.

    Yolanda Pérez, presidenta del Colegio de Abogados, indicó que la prueba del polígrafo no está prohibida y que a la fecha no existe un estudio sobre si viola o no algún derecho constitucional.
    “El polígrafo da indicios pero no prueba nada, considero que sí viola los derechos de los ciudadanos porque en base a una presunción se niega el derecho de trabajar. La carencia de antecedentes penales y policíacos no garantiza honestidad, esto es otro síntoma de una sociedad en crisis”, dijo. Agregó que en la actualidad se justifica el uso del polígrafo por el clima de inseguridad que se vive en el país.

    C. Acuña/B. Barreto

    27 marzo 2007

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