Opinión:
El Estado debió de tomar las medidas necesarias para asegurar la presencia en Guatemala del doctor Figueroa, ex director de Investigaciones de la Policía Nacional Civil (PNC), simple y sencillamente por razón de su línea de mando e independiente de cualquier responsabilidad personal en la muerte de los diputados salvadoreños y la de sus presuntos ejecutores. Debió de hacerlo el Estado pero no lo hizo y, así, salió el profesional a plena luz del día.
Ya lo he señalado profusamente pero debo señalarlo una vez más: en cualquier país del mundo puede haber policías corruptos y puede darse un asesinato como el sufrido por los ciudadanos salvadoreños –tal y como ocurrió en Guatemala. Esto es algo que pudo también ocurrir en cualquier otro lugar, pero lo que sale de toda dimensión concebible y no tiene parangón con lo que haya ocurrido o lo que pudiere ocurrir en otra parte es precisamente lo que se diera en Guatemala: que los policías asesinos, estando ya en la cárcel, bajo pleno dominio del Estado, hayan sido, a su vez, asesinados. El punto de partida de la investigación en este caso –pareciera una paradoja pero no lo es– es el final y no el principio. ¿Quién y por qué asesinó a los cuatro policías? Esto es lo que resuelve los dos casos. Si no se tiene capacidad de establecer lo ocurrido en la prisión, menos se podrá establecer lo ocurrido en la ciudad. Si no se tiene capacidad de establecer quién fue capaz de franquear todos los controles y de asesinar en plena cárcel, menos se tendrá para establecer lo que ocurriera anteriormente. El Gobierno de la República está hasta la mierda en este caso –el de los policías– y pareciese ser que no lo entiende. Anda investigando por las ramas –podrían ser interminables– del primer asesinato y no encara lo medular –lo que no admite rama alguna– el asesinato cometido en la prisión. Después de la infructuosa construcción de versiones oficiales anteriores pareciera ser que ha llegado la hora del chivo expiatorio inevitable: Figueroa, y, así, después de haber dejado que se fuera, se le exhibe ahora como un individuo que, odiosamente, “condiciona” su regreso. El propio Fiscal General declara que no aceptará condicionamiento alguno de su parte, lo que, en principio, suena bien. Compartí en un primer momento la indignación que produce el que aquel ex funcionario condicionase su regreso, pero me tomé la molestia de leer completa la carta que Figueroa le dirigiera al Presidente y que se publicara en elPeriódico. Si tal es la carta me veo en la obligación moral de compartir con todos los lectores que no existe en esta “condicionamiento” alguno, siendo lo único que pide que se le garantice su vida y la vida de los suyos, lo que no constituye “condición” alguna, sino la harta obligación del Estado y me parece que es lo mínimo que puede pedir. Las apariencias, pues, engañan y en este caso el inconsecuente no es Figueroa, que nada ha pedido que el Estado no esté obligado a prestarle, sino las altas autoridades que se niegan a aceptar el simple requerimiento que “osa” formular: Que le preste el Estado la debida protección que el Estado está obligado a prestarle, para garantizar su vida. ¿Será tan difícil de entenderlo? Agregar comentario: |
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