El Programa Nacional del Resarcimiento mejora su labor

Cuando se creó, en abril de 2003, el Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) fue concebido como un conjunto de políticas, proyectos y acciones para indemnizar y dignificar a las víctimas del conflicto armado, tal como lo recomendó la Comisión para el Esclarecimiento Histórico.

Se lo dotó de un presupuesto de Q300 millones anuales (el doble de lo que recibe la Contraloría General de Cuentas y de la Presidencia) que ya quisieran muchas instituciones del Estado. Pero cuatro años después, el análisis que diversas entidades hacen de su gestión se resume como insuficiente.

Según un documento presentado por la oficina del Procurador de Derechos Humanos (PDH) el pasado año, en septiembre de 2006 el programa solo había ejecutado el 8 por ciento de su presupuesto, principalmente para gastos de funcionamiento y no para resarcir a las víctimas de la guerra: apenas 623 solicitantes habían recibido una indemnización económica de los más de 10 mil expedientes registrados hasta entonces.

Pese a ello el año terminó con una notable mejoría. En el informe para la transparencia que recientemente presentó el PNR se declara una ejecución de Q187 millones 600mil; Q172 millones más que el año anterior.

Martín Arévalo, subdirector del PNR, señaló que el programa ya ha superado sus dificultades administrativas y financieras, y ahora solo queda afinar las estructuras que se levantaron en estos años, y por cuya falta no se obtuvieron buenos resultados hasta ahora.

No obstante, todavía quedan impedimentos legales. Dado que el programa se creó a través de un acuerdo gubernativo, también ha sufrido intervenciones por parte del Ejecutivo y diversos cambios en sus directivos, lo cual ha ralentizado su trabajo.

En septiembre pasado, en el Congreso se impulsó una ley para que el PNR se cree bajo un decreto legislativo que evite que los funcionarios de turno lo modifiquen conforme a sus caprichos, ideologías o intereses, hace ver Víctor Sales, diputado por la URNG y presidente la Comisión de la Paz, que impulsó la normativa. Se espera que la versión definitiva del texto esté lista para después de Semana Santa.

El pago, antes que todo

Aunque los pagos se han incrementado de una manera sorprendente y los procesos burocráticos se han agilizado, como reconoce Juan Ramón Ruiz, jefe de la unidad de seguimiento de los acuerdos de paz de la oficina del PDH, aún hay medidas de reparación psicosocial y de dignificación de las víctimas, cuyo paso es todavía lento.

Rosalina Tuyuc, directora del PNR, admitió que, hasta hace unos meses, el programa no preparaba con antelación a las comunidades que indemnizaría para que comprendieran que no se les estaba comprando la vida de sus familiares, sino que les trataba de reparar parte del daño que padecieron.

A criterio de Frank la Rue, comisionado presidencial para los derechos humanos, la ineficiencia administrativa existente hasta el pasado año se debía a sus procedimientos engorrosos y descuidaba lo más importante: el resarcimiento económico. “Lo que le urge a las víctimas, quienes en su mayoría viven en condiciones precarias y son de avanzada edad, es que se les pague. Cualquier otra cosa que se les lleve antes es vista como una forma de evadirlos”, dijo la Rue.

En 2006, el 62 por ciento de lo ejecutado (Q117 millones) se dedicó a resarcir a las víctimas. Sin embargo, Arévalo reniega de un resarcimiento exclusivamente económico y asegura que, a partir de Semana Santa, el programa funcionará a pleno ritmo y abordará con mayor eficacia los aspectos psicosociales.

A la fecha, el PNR cuenta con más de 17 mil expedientes abiertos. Sin embargo, estos no reflejan el número total de víctimas del conflicto armado. En Guatemala no existe un registro nacional de víctimas, se desconoce el número real de personas afectadas por la guerra y por lo tanto no se puede precisar el monto que se requerirá para resarcirlas, expuso Juan Ramón Ruiz.

En lo que va del año, el PNR no ha tenido grandes avances. Apenas se ha trabajado en otra cosa que los aspectos judiciales y solo cuatro personas obtuvieron resarcimiento económico. La razón, explica Arévalo, es que el Ministerio de Finanzas no había transferido los fondos hasta hace entorno a dos semanas.

Arévalo confía en que ahora que se consolidó la estructura y se agilizaron los trámites se logrará ejecutar el presupuesto completo y los resultados serán satisfactorios. Sin embargo, a decir de Ruiz, hay cambios que el PNR aún debe realizar, entre ellos contratar a personal presupuestado (no bajo contratos temporales) y, principalmente, lograr la aprobación de la ley que lo respalde.

El Programa Nacional de Resarcimiento está planteado para que dure un mínimo de 13 años. Hasta hace poco quedaba la duda si la reparación tardaría tanto en llegar como tardó en terminar la guerra. En abril se harán las próximas siete entregas.

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