País sin justicia: la impunidad

La idea de que prevalece en Guatemala un sistema que asegura la impunidad criminal es bastante difundida. ¿Qué ha generado la misma? Esta noción atiende a muchos factores. Uno de ellos, el más simple, es la ineficiencia del sistema completo que incluye: sistemas de investigación (no solamente criminal), la deficiente actividad de órganos vinculados directamente con la justicia tales como el Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas, la Supervisión de Administración Tributaria y el sistema penitenciario y, finalmente, la falta de control efectivo del ejercicio de la profesión de abogado.

Sin embargo, existe otro tipo de impunidad: el privilegio reservado a los miembros de ciertos grupos de no ser sujetos de la restricción que impone el sistema legal y de las consecuencias de trasgredirlo.

Cual norma no escrita, hay personas que son “intocables”.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido recipiendaria de infinidad de casos donde el Estado de Guatemala ha sido condenado, específicamente por la denegatoria de justicia en casos concretos. Los grupos de poder (económico, político, militar, por ejemplo) parecen contar también con el privilegio de impunidad frente a otros crímenes: la evasión fiscal, el contrabando, la corrupción en la administración del erario público, son algunos ejemplos.

Y, ¿de dónde deviene el poder oculto de los grupos privilegiados? La respuesta tentativa que ofrecemos es que estos grupos tienen una amplia red de influencias y contactos que incluyen desde las más altas esferas de incidencia política, hasta la más baja de sicarios y ejércitos privados. Toda la red de influencias se pone en marcha una vez que alguno de sus miembros es “amenazado” con la posibilidad de ser reconducido a la legalidad. Otra fuente de poder para estos grupos es la contribución millonaria que hacen a las campañas políticas, comprometiendo a los presidenciables con pactos de invulnerabilidad para sus intereses. Este mismo esquema se extiende a la politización en la elección a los más altos cargos de la carrera judicial.

Parte del aseguramiento de esta “impunidad” está incrustado en la propia legislación: por ejemplo la “secretividad” que con que la ley privilegia ciertos documentos y archivos, la tergiversación del derecho de antejuicio y del proceso de amparo. Frente a este “sistema de impunidad” nos sumamos a la afirmación hecha por Philip Alston, relator especial de Naciones Unidas cuando dijo: “Guatemala es un buen país para cometer asesinatos”.

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