¿Antejuicio como escudo?

Ante el inminente arranque del proceso electoral de este año, es oportuno reflexionar sobre algunos aspectos relacionados con el comúnmente llamado “derecho de antejuicio” porque debe tenerse presente que conforme la Ley Electoral y de Partidos Políticos, los candidatos a Presidente, Vicepresidente, diputados y alcaldes, desde el momento de su inscripción, tienen ese derecho de antejuicio. El antejuicio representa, para la persona que lo tiene, inmunidad personal para no ser detenido o juzgado si no se cumplen con ciertos requisitos previos, salvo el caso de flagrancia. Por supuesto, quien logre ser electo para cualquiera de los cargos antes mencionados, gozaría también de esa inmunidad personal mientras esté en el ejercicio del cargo respectivo. Ahora bien, desafortunadamente hay muy pocas diferencias fonéticas y gramaticales entre “inmunidad” e “impunidad”. Por eso, a los politiqueros y los partidos políticos de los que se nutren, se les hace tan fácil pretender cambiar la primera por la segunda, mediante tráfico de influencias y corrupción, “clientelismo electorero” y “amiguismos” muy convenientes (“hoy por ti, mañana por mí”). Todo esto viene a colación porque se especula abiertamente desde ya que ciertas personas con procesos judiciales abiertos en su contra serán designados para candidaturas a diputados, realmente con el propósito principal que logren esta “inmunidad personal” no solo durante dicho proceso, sino durante los próximos cuatro años a partir de 2008 en el eventual caso de ser electos, al ubicarlos en los primeros lugares de las listas respectivas. ¿Será que nuestro andamiaje constitucional y nuestro sistema de administración de justicia son tan blandengues, que con una pretendida “maniobra” como esta, alguien realmente logre excluirse del alcance de la espada de la justicia? Es evidente, al menos para mí, que una persona no puede “escudarse” en una dadivosa inmunidad deparada por la Ley Electoral y de Partidos Políticos para lograr impunidad, esquivando así acciones concretas que se hayan planteado en su contra antes de ser inscrito como candidato y tampoco durante el período que llegara a ocupar un cargo, ante la eventualidad de su elección. Pretender lo contrario, sería darle efectos retroactivos a esa “inmunidad personal” que acompaña a la calidad de candidato o funcionario público ya electo. Y pretender darle efecto retroactivo a esa inmunidad, no solo es absurdo, inmoral e ilegal sino además hace evidente la intención del candidato en cuestión o el partido político que lo ampare en su pretensión, de creer que contará con impunidad. Ante estas desmoralizantes pretensiones, el tema no es si el andamiaje constitucional o el sistema de administración de justicia son blandengues, sino el tema es si tendremos jueces probos, imparciales e independientes que no permitirán que esto suceda.    

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