Opinión:
Política de derechos humanos
La suspensión de la visita de los relatores de la ONU.
Por: Miguel Ángel Albizures
La última decisión política del gobierno referente a suspender la llegada de relatores, representa un grave retroceso en materia de observancia de los derechos humanos, pues si bien es cierto ha incumplido una a una las recomendaciones que le han hecho en los últimos años. Anular de un plumazo la presencia en el país de relatores específicos, es dar la espalda a la comunidad internacional que, en diversas formas, manifiesta su preocupación por la situación de violencia, inseguridad y debilidad del sistema de justicia, así como su voluntad de contribuir a superar las crisis que se manifiestan en esos aspectos.
Entendemos que el gobierno se sienta acosado y hasta le enfaden los señalamientos que sobre la situación general del país hacen los relatores como Philip Alston, de ejecuciones extrajudiciales, a quien el presidente Berger pidió pruebas, en vez de aceptar lo que medio mundo percibe y sabe, y de buscar formas de solución a la problemática de ejecuciones y existencia de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos.
Los parlamentarios europeos, por su lado, plantean la aprobación en el Congreso de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) o de lo contrario se estaría fomentando la impunidad, pero además el informe de Naciones Unidades nos coloca como lo que somos, segundo país en el mundo en asesinatos de mujeres y con un sistema de justicia tan ineficiente, que el 98 por ciento de hechos quedan sin investigar.
Todo ello amerita no solo la depuración de la Policía Nacional Civil, sino la destitución del Fiscal General y con ello iniciar una depuración profunda de esa institución que huele a crimen organizado e impunidad y, por supuesto, de todo el sistema de justicia del país.
El gobierno, en vez de prohibir la presencia de relatores, debería de preocuparse por cumplir las recomendaciones que al respecto hacen y que no están fuera de la realidad que vivimos, pues todo ello nos demuestra que no se ha tenido voluntad política ni se ha querido enfrentar esa realidad con la decisión que amerita.
Preocupa sobremanera que una de las vetadas a visitar Guatemala, sea la representante Especial del Secretario General para Defensores de Derechos Humanos, señora Hina Jilani, pues cualquier país que no respeta a quienes defienden derechos, no respeta a nadie y es muestra del cierre de espacios y de una precaria democracia.
Cuál es el temor, ¿que se afectó la imagen del país? O es la nueva política en materia de derechos humanos a la cual tendremos que sujetarnos en lo que resta de su mandato.
Guatemala debería hacer honor al inmerecido puesto en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidades y no “suspender” la llegada de sus relatores.
Entendemos que el gobierno se sienta acosado y hasta le enfaden los señalamientos que sobre la situación general del país hacen los relatores como Philip Alston, de ejecuciones extrajudiciales, a quien el presidente Berger pidió pruebas, en vez de aceptar lo que medio mundo percibe y sabe, y de buscar formas de solución a la problemática de ejecuciones y existencia de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos.
Los parlamentarios europeos, por su lado, plantean la aprobación en el Congreso de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) o de lo contrario se estaría fomentando la impunidad, pero además el informe de Naciones Unidades nos coloca como lo que somos, segundo país en el mundo en asesinatos de mujeres y con un sistema de justicia tan ineficiente, que el 98 por ciento de hechos quedan sin investigar.
Todo ello amerita no solo la depuración de la Policía Nacional Civil, sino la destitución del Fiscal General y con ello iniciar una depuración profunda de esa institución que huele a crimen organizado e impunidad y, por supuesto, de todo el sistema de justicia del país.
El gobierno, en vez de prohibir la presencia de relatores, debería de preocuparse por cumplir las recomendaciones que al respecto hacen y que no están fuera de la realidad que vivimos, pues todo ello nos demuestra que no se ha tenido voluntad política ni se ha querido enfrentar esa realidad con la decisión que amerita.
Preocupa sobremanera que una de las vetadas a visitar Guatemala, sea la representante Especial del Secretario General para Defensores de Derechos Humanos, señora Hina Jilani, pues cualquier país que no respeta a quienes defienden derechos, no respeta a nadie y es muestra del cierre de espacios y de una precaria democracia.
Cuál es el temor, ¿que se afectó la imagen del país? O es la nueva política en materia de derechos humanos a la cual tendremos que sujetarnos en lo que resta de su mandato.
Guatemala debería hacer honor al inmerecido puesto en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidades y no “suspender” la llegada de sus relatores.
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