La indemnización es para una mujer infectada de sida por una transfusión de sangre en 1994.
Julio Revolorio
El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) deberá pagar Q3.5 millones en concepto de indemnización a Karen Julissa Blanco Lemus, luego de que fuera infectada de sida tras una transfusión de sangre en 1994.
La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió rechazar un recurso de amparo por parte de las autoridades del Seguro Social y mandó que el pago sea de inmediato.
Adilio Juárez, abogado de la demandante, comentó que esta constituye la última resolución en un proceso judicial que se inició hace 12 años, ante la cual el Seguro Social no podrá accionar.
El litigante alegó que el juicio se extendió por ese tiempo debido a la oposición de las autoridades del IGSS, quienes interpusieron varias acciones legales.
Hace 12 años, Blanco, fue trasladada al Hospital Juan José Arévalo Bermejo, zona 6, en donde dio a luz. A consecuencia del parto, los médicos le diagnosticaron anemia y se le aplicaron transfusiones de sangre.
Una de las dosis aplicadas estaba infectada con VIH. Las autoridades del Seguro Social aún no han sido notificadas según el personal de la entidad.
En tanto, Carlos Torrebiarte, presidente de la Junta Directiva del IGSS, indicó que no tenía información sobre la resolución porque está fuera del país. Será hasta la próxima semana que se dé una postura oficial sobre el tema, expresó.
El IGSS sustenta su negativa de pagar la indemnización debido a que hace cinco años, la Sala Décima de la Corte de Apelaciones resolvió absolver a los trabajadores acusados de mala práctica médica.
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2 comentarios:
Dinora de peng: (2007-04-21 11:22:27 horas)
EL IGSS deberia sentirse avergonzado de haber apelado durante tantos años y pagan inmediatamente a Julissa , irresponsables y ladrones. Esta mujer es un ejemplo de valentía y paciencia al haberse enfrentado sobre todo en un pais como el nuesto , animo Julissa!!!!
juan pablo escobar: (2007-04-21 10:05:24 horas)
Le falló el cálculo al IGSS que retardó el juicio dolosamente: ¡esperaba que doña Julissa se muriera para no tener que pagar nada!. La duración de 12 larguísimos años en este juicio donde la agraviada es enferma de una enfermedad mortal contraída en un establecimiento del demandado, es claro indicio de dos cosas: a) lo pésimo que es nuestro sistema de justicia (el juicio razonablemente debió durar un par de años); y, b) lo pésimo que es nuestro sistema de seguridad social donde ni siquiera pueden transar una indemnización razonable y negociada cuando han tenido la culpa (sin ninguna duda). Hubieran podido transar en una cifra diez veces menor, pero ahora, los patronos y trabajadores contribuyentes van a tener que cargar con el monto de la condena, más intereses legales y costas. Ninguna persona particular podría ser tan bruta (por irracional) ni tan irresponsable (ya que cargaría con el costo de las malas decisiones).
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