La bulla de la educación

Es políticamente correcto decir que se está a favor de mejorar la cantidad y calidad de la educación.

Todos decimos que el problema de Guatemala es la educación, y en todos los espacios donde se discute el futuro del país una de las principales conclusiones a la que se llega es que debemos mejorar la educación. Todos “apuestan” en la educación, pero seguimos siendo uno de los países del continente con más baja escolaridad y formación. De uno y otro lado surgen soluciones que su promotor imagina milagrosas y definitivas, pero no acepta que se la modifiquen o cambien; en el tema educación vamos al todo o nada.

Un grupo de ciudadanos, posiblemente bien intencionado, dispuso convocar a los partidos a firmar un pacto que se acordó de manera rápida y sin problemas. Se propusieron leyes marco, entre ellas una para educación, misma que llegada al Congreso de la República no fue siquiera debatida sino, ante la presión del movimiento magisterial, mandada al archivo por la comisión especial creada para darles trámite.

Sin embargo, en el ambiente ha quedado levitando la pregunta ¿se debe cambiar la Ley de Educación Nacional creada por el Decreto Legislativo 12-91, aprobada en una sola lectura por un Congreso que estaba a las puertas de concluir (12/01/91) y cuando aún las voces del conflicto armado eran muy altas? Las distintas bancadas parece que tomaron la decisión salomónica y electoralmente correcta, no por ello necesariamente la más responsable, pues junto a archivar la propuesta de ley marco, por mayoría calificada ordenaron al Ejecutivo emitir el reglamento de la Ley de Educación Nacional vigente, lo que hace presumir no solo que conocen y dominan el contenido de esa ley, sino que comparten todos sus preceptos, negándose, a sí mismos –si son coherentes con sus acuerdos– entrar a discutir cualquier revisión a la misma, como por ejemplo, la que diputadas del FRG presentaron hace ya casi un año, mismas que por cierto fueron las impulsoras y promotoras de ordenar la redacción del Reglamento.

De lo anterior se desprende que, para los actuales miembros del Congreso de la República, y en eso estarían coincidiendo cien por ciento con las dirigencias magisteriales, lo que hay qué hacer es cumplir la ley aprobada hace 16 años. ¿Por qué entonces aceptaron sus líderes entrar a discutir una ley marco o proponer una nueva ley? ¿Conveniencias electorales? Nadie, a ciencia cierta, nos lo ha explicado.

Pero en la práctica el país se enfrenta a problemas diversos que esa ley no atiende, como la universalización de la educación bilingüe intercultural, el mejoramiento sustancial de la formación de maestros de educación primaria, la constitución de la carrera magisterial y, lo que es más crucial, la reforma del nivel medio, temas que solo luego de amplios debates y acuerdos, así como mucha voluntad política, pueden resolverse.

No todo, es cierto, es responsabilidad del aparato público, pero lo que sí es evidente es que sin claridad de metas, objetivos y procesos de parte del poder público pasaremos mucho tiempo hasta lograr no solo más altos niveles de escolaridad, sino lo más importante: que los alumnos obtengan aprendizajes significativos para su desempeño personal y profesional. En todo esto, como se ve, el Congreso es actor principal.

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