La soberanía del Estado y la autonomía de las instituciones

Uno de los fundamentos del sistema republicano, democrático y representativo que la Constitución Política de la República establece para la organización del Estado de Guatemala, es el ejercicio autónomo del poder soberano del pueblo, delegado en los Organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial. El texto constitucional prohíbe cualquier subordinación entre ellos. El ejercicio autónomo de facultades en campos específicos también se extiende a otras instituciones, tales como el Ministerio Público, el Banco de Guatemala, El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, etcétera.

El establecimiento del Estado de derecho y el consiguiente fortalecimiento institucional del Estado guatemalteco depende en gran medida del efectivo ejercicio soberano de los tres poderes republicanos, e igualmente del mismo ejercicio autónomo de las funciones reservadas para otras instituciones de menor jerarquía, cada cual en el ámbito que constitucionalmente le corresponde; depende igualmente de que se proscriban prácticas y actuaciones que pretenden influir, por parte de alguno de los poderes constitucionales, en los ámbitos que les corresponden a otros.

Las amenazas más importantes al desempeño autónomo de los poderes del Estado no provienen de las estructuras del Estado mismo, es decir, de un poder con respecto del otro, sino de fuentes generalmente anónimas que suelen ejercer presiones de diversa índole, sea en la forma de tráfico de influencias, campañas de prensa, corrupción, amenazas o cualquier otro procedimiento que asegure la efectividad de las presiones, al mismo tiempo que cubre estas acciones reñidas con la ético, con el manto de la impunidad. Las decisiones condicionadas por circunstancias de esta naturaleza dan cabida a la incertidumbre y desconfianza sobre las actuaciones de los altos organismos del Estado y de las instituciones.

De aquí que uno de los compromisos fundamentales de quienes lleguen a ocupar cargos de dirección al frente de los organismos del Estado y de las instituciones es, precisamente el del irrestricto y absoluto respeto al ámbito de competencia de cada quien y la firme actitud de impedir y oponerse a cualquier pretensión de invadir competencias ajenas o de ser invadido en las propias por otros poderes, grupos, sectores o personalidades. Resulta pues de importancia crucial para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, que los funcionarios actúen con lealtad y apego al texto constitucional y que adopten decisiones en el ámbito de su competencia, libres de presiones y condicionamientos de cualquier naturaleza.

Cabe destacar la importancia de este apego a los preceptos constitucionales en el Organismo Judicial a cargo de la Corte Suprema de Justicia, que tiene a su exclusivo cargo el ejercicio de la función jurisdiccional y a quien corresponde, juntamente con lo tribunales de justicia, la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Igualmente, debe destacarse la importancia toral que en el ámbito jurisdiccional adquiere el debido y eficaz cumplimiento de las funciones institucionales del Ministerio Público, a cargo de la persecución penal y de la debida conformación y presentación de los casos penales ante los tribunales de justicia.

Del apropiado cumplimiento de las funciones a cargo de los poderes del Estado y de sus instituciones y del irrestricto respeto a su autonomía, depende la construcción del Estado de derecho y el fortalecimiento de la institucionalidad del país.

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