Onzas de oro, libras de polvo y grietas en la roca

En las aldeas de San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, se rajaron en los últimos meses al menos 52 casas situadas en un radio de 2 kilómetros desde la mina de oro Marlin, se secaron pozos de agua y los vecinos denuncian un mayor número de enfermedades y la muerte de varios animales tras beber en un río que suponen contaminado. Ellos culpan a Montana de sus males (“La Empresa”, así la llaman) y sacan de nuevo a la luz un conflicto que ya dividió a la opinión pública hace algo más de dos años: el que discute sobre las repercusiones de la minería.

El vecino empleado

El día que la mina de oro se instaló en el pueblo, el joven Álvaro Morales* sintió cierta fascinación por la promesa de futuro que traía La Empresa al lugar en que había nacido su mujer. Álvaro, que hasta entonces trabajaba como auxiliar en una clínica dental capitalina, pasó a ocupar un cargo que le permitía sentirse orgulloso de sí mismo. Había abandonado sus estudios en quinto bachillerato, pero tras una capacitación de seis meses para manejar todo tipo de químicos ahora ocupaba un puesto digno de un ingeniero, le gustaba decir. Su labor en la mina consistía (aún hoy consiste) en controlar que los niveles de cianuro en el agua no superen el límite permitido. La Empresa exige que sean muy estrictos porque la contaminación es una cosa muy mala, explica. Controlan tanto el agua que a menudo la eliminan por completo. Sin embargo, agrega Álvaro, “yo estoy convencido de que por el aire pasa el cianuro”.

En torno a él se ha reunido media docena de niños que alternativamente juegan y atienden a la conversación. Álvaro no tiene idea de quiénes son. Salvo “éste, que es mi hijo. Hace 15 días lo bañamos con agua hervida 2 veces, pero igual, se llenó de ronchitas, y aunque trabajo en la mina y gano Q3 mil 500 y sé cómo se hacen las cosas, estoy preocupado”.

– ¡Y mucho polvo! –masculla una vieja mientras selecciona semillas en la calle, de espaldas a la polvorienta carretera–. Ya desde este año no riegan, solo enfermedades de los niños hay, hasta uno de grande tiene tos, calenturas, dolor de cabeza y lloramos todo el día por el polvo.

– Mi suegra –apunta Álvaro, quien a sus 22 años vive en la casa de ella en una de las aldeas más cercanas a la mina Marlin, en el municipio de San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, a menos de dos kilómetros de donde se realizan las voladuras.

La construcción, levantada con ladrillo y cemento hace apenas dos años, se encuentra en el terreno que hay entre el borde de la loma y una carretera transitada por los mastodónticos camiones de la compañía que Montana contrató para asfaltar el camino.

No es un caso único. Muchas de las viviendas cercanas están en las mismas condiciones y 52 familias se quejan ya de que sus casas (de adobe, de ladrillo o de block) se parten por la actividad de la mina.

El hogar de Crisanta Emetria Fernández Pérez, por ejemplo, tiene algo de ‘puzzle’ para niños, por sus 15 ó 20 piezas, y a la vez algo de siniestro: la raja de cuatro centímetros de ancho que recorre el suelo y la pared y deja entrever lo que sucede en la calle. Crisanta vive en Agel, uno de los poblados más afectados y, como la mayoría ahí, llegó tras vender sus tierras del valle a La Empresa.

Cuando hace un mes lo denunciaron a los medios, las casas agrietadas aún eran 47.

“Todos creen que es por las voladuras”, dice Álvaro mientras apunta a un delgado surco en la pared. “Yo creo que lo peor no es eso. La casa se mueve mucho cuando pasan los camiones”.
– Y los carros de La Empresa pasan muy rápido –gruñe la suegra. – El otro día volaron mi chompipe.

La junta y la división

En una asamblea que se celebró el miércoles 18 en la iglesia de Agel –11 grietas–, medio centenar de campesinos damnificados lamentaron, además, la desaparición de 4 pozos que desde antiguo, dicen, en esta época rebosaban agua. Admiten tener agua entubada, pero no pueden confiar en ella. Uno se quejó de que hubo un tiempo los habitantes de otro pueblo enemistado con la mina les cortaron el flujo por creer que lo estaban vendiendo a La Empresa.

A José María Bámaca se le quedaron ocho ovejas y una vaca. Según su relato, murieron donde pastaban, en la aldea El Salitre, por beber agua del río Cuilco.

Ante denuncias similares, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) solicitó ver los animales muertos para analizarlos, pero no le mostraron ninguno, recuerda Carlos Martínez, auxiliar del Procurador de los Derechos Humanos en San Marcos.

Un afligido anciano habló también de las “instituciones” que tras aprobar algunos “proyectos” los habían aplazado o cancelado previendo la riqueza que Marlin traería al área.

Esa misma riqueza era talvez lo que esperaba el muchacho que desde el umbral de su casa mira con desconfianza a los forasteros y, sin ver nada contradictorio en ello, reconoce que él está en contra de la mina por las enfermedades, pero que si le dieran trabajo, estaría a favor.

Martínez añade que el número y la variedad de los males registrados en el hospital de San Miguel no se ha incrementado “oficialmente”.

Marco Vinicio López, experto en minas de la Diócesis de San Marcos, recuerda que la ganancia media en la zona roza los Q800. Uno de los salarios más comunes en la mina es Q2 mil 500. Por esta razón, se queja parte de los vecinos, han subido los precios.

Desde que Montana Exploradora de Guatemala, subsidiaria de la canadiense GoldCorp, se estableció en la zona hace dos años, las comunidades aledañas padecen una división que nunca antes habían conocido. En San Miguel Ixtahuacán hay ya 14 personas demandadas por Montana por cerrar las carreteras y 7 están en libertad con medidas sustitutivas.

Y mientras el Gobierno y el Banco Mundial son optimistas y publican uno tras otro informes pretendidamente tranquilizadores, parte de la opinión pública nacional tiene sus reservas con respecto a las bondades del proyecto.

Los ecologistas y la Diócesis pronosticaban hace tiempo la enfermedad de los ríos, el conflicto social, las enfermedades, la escasez de agua por las desaforadas necesidades del proceso minero, desconfiando de los estudios de impacto ambiental que presentó Montana para conseguir la licencia.

Los opositores dicen no pedir ya regalías o el cumplimiento de los proyectos y, mirando alrededor, parafrasearían el verso de Eliot: “Yo les mostraré lo que es la destrucción en un puñado de polvo”.

“Al principio, lo que la gente quería era trabajo”, asegura Carlos Martínez. “Ahora se dan cuenta de que no a todos les dieron, o los sacaban por cualquier cosa. Luego se convirtió en cuestión de respeto, a ellos y a las promesas. Ahora ya pasó a la aberración total”.

La Empresa ha quebrantado nuestra relación espiritual con la Madre Tierra, afirma Javier de León, presidente del Consejo Municipal de Alcaldes Comunales. Ya no queremos ni dinero ni nada. Nos ofrecieron tanto y, ¿usted ve algo? De la carretera solo han asfaltado dos kilómetros. Trabajos, ¿cuántos han dado? ¿Qué nos dejarán? Nos engañaron con las tierras, nos han dividido, compran a nuestros líderes, nos amedrentan, han llenado los caminos públicos de guardias privados. Nos han traído el polvo. Lo que pretendemos es que dejen de fregar.

El valle de Montana

La mina Marlin, que con una superficie de 500 hectáreas se extiende en un 90 por ciento por el municipio de San Miguel Ixtahuacán y el resto por el de Sipacapa, se encuentra a los pies de las montañas. En la entrada, junto a la puerta en la que esperan guardias que solicitan identificación, un gran cartel difunde la cuantía de los pagos de Montana al Estado. Hace tiempo que no se registran incidentes, informa un custodio. “Desde que en enero los vecinos nos taparon el acceso y la salida durante semanas”, puntualiza el otro. “Nos traían los alimentos por helicóptero. Ahora ya nada grave”.

El superintendente de relaciones comunitarias de Montana, Alan Ovalle, piensa que “el problema aquí es que la gente quiere una parte mayor del pastel” y que el principal aspecto del conflicto es el económico. Hace un mes Montana hizo pública la entrega de Q11 millones de regalías que debían repartirse el Estado y las comunidades en partes iguales. La cifra se corresponde con el 1 por ciento de la producción, el pago más bajo de toda Latinoamérica. El pago de impuestos, del que al principio había sido exonerada, alcanzó casi los Q50 millones, según el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

Junto a la planta de procesos, Milton Saravia, gerente general, se muestra molesto: “Hombre, hay que reconocer que alguna cosa buena tenemos. Algo hemos hecho por la región”.

Según datos de Montana, en 2006 levantaron cuatro escuelas, cuatro alcaldías auxiliares, pistas deportivas, construyeron drenajes y puentes y realizaron estudios de agua entubada. También “hubo un momento en que el Estado se negó a pagar a los maestros y delegó en la empresa”, hace notar con alarma Marco Vinicio López. Y la compañía emplea cerca de 1,300 personas directa e indirectamente, aunque la mina podría operar con 350. Casi 900 (en torno a un 2 por ciento de la población) son gente de la zona, según Montana. Además, mejoraron los servicios sanitarios y promovieron la conciencia ambiental y la economía.

“Fíjese en los hoteles de San Miguel. Tal vez no estén llenos –agregó Saravia– pero ahora hay gente”.

En la planta de procesos se percibían ráfagas de un tenue olor como de papel aluminio quemado con aguarrás.


– ¿No huele algo como ácido, señor Saravia?

– Yo no huelo nada –miró alrededor, a sus empleados– y ellos tampoco. Y eso que viven aquí...

– Tal vez se acostumbraron.

– No creo. Yo no vivo aquí. Lo que pasa es que usted ha leído un artículo de Rodrigo Rey Rosa sobre la mina en el Valle de Siria (Honduras), lo del olor ácido y la boca reseca. Usted viene prejuiciado.

– Usted tiene sus intereses.

– No podemos permitirnos que escape cianuro. Para nosotros es muy caro y no queremos perder ni una gota –intervino la encargada de medio ambiente de la mina.

– Mire, el cianuro está abajo y de ahí no sale –zanjó Saravia. Alguien cambió de tema.
Jorge Antonio García Chiú, viceministro de Energía y Minas, indicó que no es posible que fuera cianuro. “Hay alarmas en los tanques. En más de 100 años en el mundo solo hubo 2 muertes por cianuro”. “Y la mina Marlin es una de las 40 que en el mundo tienen planta de tratamiento de lodo, de destrucción de cianuro”. Agregó que desde que hace 30 años, cuando comenzaron a encontrar las puertas de los países cerradas por los desastres ambientales que causaban, las empresas desplegaron nuevas tecnologías para asegurar su trabajo, y desde entonces el peligro es mínimo.

Sin embargo, en esas circunstancias, científicos como el biólogo Raúl Montenegro se empeñan en demostrar y denunciar que “toda mina de oro con operaciones a base de cianuro tienen un impacto local y de corto plazo, pero también otro mucho más preocupante, el de mediano y largo”. Cuando escribió esa frase, en 2003, Montenegro ya había obtenido el Premio Global 500 de Naciones Unidas, una especie de Nobel alternativo.

“Biorain” y aguas turquesa

Aparte de la planta de procesos, en el recinto protegido por 40 guardias privados y una valla con alambre espigado hay una zona para oficinas, una clínica y un área de viviendas. Allí reside entre otros Lisa Wade, la canadiense que se ocupa de la gestión medioambiental en la mina, un cargo importante dentro de la compañía.

Wade sube en un picop blanco y, acompañada de Milton Saravia y otro canadiense, comienza una visita por las instalaciones de la mina.

Mire, resume Wade, nosotros tratamos de controlar el polvo. Echamos agua en las partes que nos corresponde. El año pasado extendimos un polímero llamado ‘biorain’ –biolluvia, aclara– compuesto de aceite de soya en cuatro kilómetros de carretera. Lo que pasa es que es biodegradable y se disuelve. En la próxima época seca lo incrementaremos a diez.

“Y nuestra idea es ampliar 60 kilómetros de carretera”, interrumpe Saravia. “Pero la carretera de Agel no es nuestra responsabilidad”. Probablemente, calcula el gerente general, el polvo ahí se debe al paso de los camiones que contratamos para construir la carretera. No es cosa nuestra.

El picop se detiene frente a la represa de colas, que contiene una cantidad ingente de agua turquesa. Wade explica que el dique almacena agua reciclada y que de él salen entre 85 y 90 litros por segundo, en torno a un 90 por ciento de lo que necesita la planta para funcionar. Además, dispone de un sistema para lograr que el agua de las filtraciones retorne a la represa.

El resto del agua precisada en el proceso, unos 10 litros por segundo o 36 mil por hora (una cantidad semejante a lo que Empagua suministra a la capital cada 5 segundos), es absorbida de forma gratuita de un pozo junto al río Tzalá.

– El pozo tiene 300 metros de profundidad, ¿no creerá usted que en esas condiciones pueda afectar al caudal del río o secar pozos? –inquiere Saravia.

Montana (o GoldCorp) dispone de bastantes argumentos para defender que el agua de los ríos Cuilco, Tzalá y Quivichil no está contaminada o al menos que no lo estuvo y solo uno en contra: un estudio de la ONG Madreselva. A favor están su propio monitoreo, los informes del MARN, del de Energía y Minas, y de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de San Carlos –Usac– (a los que ‘elPeriódico’ no tuvo acceso). También los reportes trimestrales de la Asociación de Monitoreo Ambiental Comunitario (Amac), un grupo promovido por el Banco Mundial y Montana y financiado por ambos a través de la Fundación para la Superación de la Ingeniería, a la cual la minera contribuye con US$40 mil anuales.

La última prueba de Amac tuvo lugar en febrero, explica el ingeniero Julio Luna, asesor de la agrupación y profesor de la Usac, que en un año y medio ha visitado la zona al menos 18 veces. Luna admite que el monitoreo debe ser constante. Que no haya contaminación ahora no significa que no la pueda haber el mes que viene, dice.

Cuando el asesor habla de que no hay contaminación se refiere a ese tipo causado por la mina. Naturalmente, como sucede con la mayoría de los del país, los ríos pueden ser venenosos por la basura de los pueblos. Pero el cianuro, asegura, está dentro del rango, el ph de las aguas también, e igual sucede con el plomo, el mercurio, el hierro o el cromo y el arsénico.

La ONG CALAS coordina un monitoreo independiente con técnicos del Instituto del Agua de Estocolmo, Suecia, la Universidad de Reno, Nevada, y la de Oregón, ambas en EE.UU. Yuri Melini, su director general, concede que aún no hay financiamiento y calcula que el proyecto tardará en comenzar al menos cuatro meses.

“Si en ese momento se prueba que Montana está contaminando, tampoco se trata de cerrarla. Habría que solventar esos problemas”, opina.

En cuanto a las grietas...

Cerca de la represa está el vivero de árboles. Al llegar, Wade informa que, además de revegetar la tierra, se reforestaron 200 hectáreas con pino (para construir la mina se talaron pinos, encinos y árboles de otras especies) y que se plantarán 15 hectáreas al año hasta que la explotación termine, dentro de una década.

La parada ahí es corta, pero Saravia señala que para evitar el hundimiento de la zona cuando Montana la abandone se creó la Fundación Sierra Madre, que administrará las 500 hectáreas y se encargará de que el desarrollo sea sostenible a largo plazo.

Luego, después de una parada en la planta de procesos, el picop regresó a las oficinas.
En cuanto a las grietas de las casas, interpuso Alan Ovalle, tuvimos la mejor disposición. Pero el estudio del ingeniero Jorge Pablo Ligorría prueba que no tiene nada que ver con nosotros. Antes sucedía pero no lo veían porque era natural. Ahora, alguien les ha dicho que es por la mina y por eso protestan. Pero la energía de las voladuras no es suficiente para agrietarlas.

En realidad, el estudio de Ligorría (y Ligorría mismo) explica que hay razones para pensar que los estallidos en condiciones normales no son suficientes y que es más preocupante el tránsito pesado. Sin embargo, de los tres factores que es preciso conocer para asegurarlo (fuerza de la carga, tipo de suelo y calidad de las casas), el técnico sólo disponía del primero. “Y en cualquier caso”, asegura el ingeniero a la vez que subraya la buena voluntad de la minera, “un argumento basado en la calidad de la construcción no sería válido porque todos tenemos el derecho a edificar como queramos sin que nadie nos afecte”.

Martínez, de la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), solicitó al MARN un informe sobre las voladuras, que concluye que las grietas no son producto de la actividad minera y apuntan al transporte pesado. En manos de García Chiú, quien vaticina que el desarrollo se percibirá dentro de una década, obra un documento con las mismas conclusiones.

Lisa Wade no cree que la gente vaya a tener confianza en la mina inmediatamente, pero espera que con el trabajo de Amac se consiga.

Y es posible. Según Ovalle, “las autoridades morales de las comunidades quieren interactuar con la mina”. También Montana tiene de su parte los informes institucionales. Y la reforma a la Ley de Minas que propuso la Comisión de Alto Nivel se cubre de polvo en el Congreso.

“Nosotros apoyamos esa reforma”, aseguran los altos cargos de Montana y sugieren que todo lo que sea transparencia y restricción es bueno para ellos que cumplen con los estándares norteamericanos.

Luego, Saravia abre la puerta de las oficinas y entra una vaharada de aire.

– No me diga que tampoco ahora lo huele.

– Aquí –responde el gerente– lo único que yo veo es polvo.

*Nombre ficticio

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