Un país sin justicia: la corrupción

El sistema de justicia guatemalteco configura “un caso de estudio” que comprueba que en un sistema disfuncional no puede resolverse el problema de la corrupción si no se incluyen en el análisis todas las otras anomalías que lo afectan. Estas confluyen, tanto en la perpetración del delito de corrupción, en su ocultamiento y, finalmente, en la ineficiencia del sistema para reaccionar frente al mismo.

La ineficiencia, la impunidad, la penetración de los órganos por el crimen organizado y otros poderes fácticos, la discriminación, la violencia contra operadores de justicia y testigos, la ausencia de controles en el ejercicio de la profesión de abogado, la falta de independencia institucional, son algunas de estas anomalías.

Frente a esta avalancha de problemas, la respuesta del Estado guatemalteco ha sido errática y débil.
En medio de este panorama, la corrupción es un fenómeno natural que opera tanto en los casos de bajo impacto afectando el derecho a la justicia de los más pobres y vulnerables, como en los de alto nivel, asegurando la impunidad a los poderosos.

Pensamos que ante una situación tan extrema, la respuesta tendría que ser contundente. Desafortunadamente, la importancia que a nivel institucional se concede al problema de la corrupción es mínima.

Salvo contadas excepciones, los actos de corrupción judicial se conciben exclusivamente como problemas disciplinarios, eludiendo la implicación criminal que conllevan. A la fecha ningún juez ha sido condenado criminalmente por un caso de corrupción. Tampoco se han realizado investigaciones sobre redes criminales que determinen la eventual implicación de funcionarios judiciales en ellas, como sugieren algunos de los casos que se han planteado. Aún los procesos disciplinarios adolecen de serias dificultades y, por ende, las medidas correctivas no se producen, o bien, se castigan por un motivo sustituto con una modesta penalización.

Una situación como la descrita no sería sostenible en un sistema donde la justicia estuviera consagrada como un inviolable derecho ciudadano. No sucede así en Guatemala, donde los distintos estratos de poder operan de facto, inmunes a la acción de la ley y de la justicia. Así, el dragón de las cien cabezas de las fuerzas fácticas continúa sin ser sometido a la institucionalidad, posponiendo la posibilidad democrática. Los fenómenos que observamos, especialmente la impunidad de la corrupción, no son sino la acción de sus mil tentáculos.    

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