El presidente de la Comisión de Energía y Minas considera que la actividad beneficia más a las compañías que al Estado. Se analiza imponer fianzas de US$10 millones para las explotaciones.
Actualmente, los mineros obtienen más ventajas que Guatemala, cuyos recursos explotan, declaró Luis Fernando Pérez, presidente de la Comisión de Energía y Minas. Manifestó que se precisa lograr que “el beneficio no sea solo para el que exporta”. Dijo que es necesario revisar la ley: las medidas ambientalistas, las regalías, los seguros. Pérez aseguró que abordarán la reforma de la Ley de Minas cuando acaben de discutir acerca del gas.
Por la concesión, las mineras deberían pagar un equivalente al 3 por ciento de su producción, y ese dinero debería financiar proyectos en los municipios afectados, entre otros, expresó Otto Ely Zea Sierra, que preside la Comisión de Ambiente y Recursos Naturales del Congreso e integra la de Energía.
El parlamentario dijo que el 25 por ciento de los impuestos que las extractoras tributan debería repercutir en el departamento explotado, “como sucede en Perú”.
Actualmente, las mineras pagan los mismos impuestos que cualquier otra empresa, y por extraer y apropiarse del recurso natural consignan el 1 por ciento de su producción.
Según el director del Centro de Estudios Urbanos y Regionales de la Usac, Eduardo Velásquez, la legislación es demasiado laxa y gentil. “Por decirle algo, nuestros impuestos son mucho menores que los de los países con tradición minera”. Añadió que el Estado no debe tener una actitud de confiscación ante la industria extranjera, pero tampoco de rendición.
¿Dónde está el Estado que previene, monitorea e impide?, se pregunta Raquel Zelaya, miembro de la Comisión de Alto Nivel que en agosto de 2006 elaboró una propuesta de reforma de la ley. Zelaya pidió que se fortalezca el monitoreo independiente, y señaló que la actividad minera deja menos de lo que bota: “Solo quedan cositas decorativas”. Además, recordó que la vocación del país no es minera: “Solo miremos alrededor –declaró–, nuestro futuro es el turismo. Y turismo y minería son actividades excluyentes”.
Otto Ely Zea expresó su apoyo a la propuesta de la Comisión de Alto Nivel. Sin embargo le agregaría entre otras cosas un aval de US$10 millones. “Si queremos garantizar que las mineras van a tener cuidado y emplearán la mejor tecnología hay que imponerles una fianza cara” para paliar o reparar algún problema de contaminación. “La buena fe de Montana (minera de San Marcos) les llevó a ponerse una fianza de US$2 millones por cualquier daño, aunque la ley no los obliga. Pero en caso de desastre, con eso no solucionamos nada”, advirtió el panista.
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