Autorizar o no la extradición del ex presidente Alfonso Portillo es una decisión que aún se encuentra en suspenso en México.
Las autoridades del Ministerio Público (MP) refieren que deberán esperar una resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del Juzgado Quinto de Distrito en materia de Amparo de ese país.
Las autoridades mexicanas están pendientes de conocer dos amparos presentados por la defensa del ex mandatario que se oponen a la aplicación del Tratado de Extradición.
El fiscal a cargo del caso, Carlos Patricio Rodríguez, explica que mientras las dos acciones no sean resueltas, no se podría resolver la solicitud de extradición contra Portillo. La última audiencia en la que se discutió este tema fue el 27 de febrero ante el Juzgado Quinto Distrito en materia de Amparo.
El defensor de Portillo en el país, David Abbot, reitera que la petición de extradición no procede.
“Jurídicamente es imposible que prospere. El Tratado (entre Guatemala y México) que se encuentra vigente, no puede aplicarse retroactivamente, salvo que favorezca al reo, por eso es improcedente”, recalcó.
El proceso de extradición se discute en México desde el 21 de noviembre de 2006, sin embargo, en cuatro ocasiones se ha suspendido la audiencia donde las partes deben presentar sus argumentos.
Portillo es acusado del delito de peculado por ser supuesto responsable de la malversación de Q120 millones en el Ministerio de la Defensa.
En los tribunales del país, los otros sindicados por el caso han presentado más de 30 recursos en la Corte Suprema de Justicia, Salas de Apelaciones y en la Corte de Constitucionalidad, lo cual retrasa al MP para que solicite su indagatoria. Entre los vinculados a la malversación, que en total es de Q900 millones, se encuentra Enrique Ríos Sosa, ex jefe de Finanzas del Ejército, postulado por el Frente Republicano Guatemalteco como candidato a diputado por el Parlacen.
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