El perdón Presidencial cabalga de nuevo

El controvertido Congreso de la República nos da otra sorpresa, un salto atrás, cuando estamos a pocos meses de que finalice la actual legislatura, con más pena que gloria, pues insiste un grupo de diputados en reactualizar la obsoleta facultad del Presidente de la República de perdonar la vida a un condenado a muerte, mediante el llamado “recurso de gracia”.

A estas alturas del desarrollo democrático de los pueblos, resulta cavernario tratar de ignorar que un proceso legal en que los tribunales de justicia dicten, finalmente, la aplicación de la pena capital a un delincuente debe limitarse estrictamente al ámbito jurídico.

El absurdo “indulto o gracia Presidencial” es un resabio del mandato de los reyes. Las modernas corrientes del Derecho Penal lo consideran algo totalmente anacrónico y antitécnico, por lo que tal procedimiento no debería ni siquiera ser invocado, mucho menos utilizado como una indigna puerta trasera para dejar burlada a la justicia en nuestro país.

Los reos para quienes se trata de obtener la “gracia” del gobernante, fueron oportunamente objeto de un largo proceso judicial imparcial y se les encontró culpables, en muchos casos, de incalificables crímenes.

Por algo será que relatores de justicia de la Organización de Naciones Unidas (ONU), como Dato’ Param Cumaraswamy, han manifestado que en Guatemala no existe una correcta aplicación de la ley. Según su análisis, el sistema de justicia es el talón de Aquiles de la sociedad guatemalteca, pues sufre de incompetencia, trafico de influencias, corrupción, intimidaciones e impunidad.

Cumaraswamy señala que la guerra fratricida de los 36 años dejó devastado el sistema de justicia.
¿Y en estas delicadas circunstancias se pretende que el Presidente perdone la vida de un asesino de alta peligrosidad? Resulta injusto poner en las manos del gobernante la brasa candente de tener que decidir si un criminal ya juzgado por la ley debe ser perdonado. La gracia Presidencial no es ningún hecho de justicia y, en determinadas circunstancias, puede llegar a convertirse en un acto político.

Guatemala atraviesa por momentos particularmente difíciles, debido a que generalmente no se castigan los hechos criminales. La impunidad es el cáncer que amenaza a toda nuestra sociedad.

Otorgar el “perdón Presidencial” a un condenado a muerte en todas las instancias legales, como pretenden algunos diputados, sería dar la razón a quienes creen que en nuestro país la única manera de castigar a los delincuentes es el linchamiento o la ejecución extrajudicial, ambos ilegales.

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