La justicia también se mata

El proceso histórico de 50 años lo muestra claro: en Guatemala el ejercicio de la justicia penal, en lugar de ser fortalecido, oficiosamente se le ha dejado sucumbir. No obstante, los miles de casos de crímenes no resueltos por falta de quipo, tiempo y personal que se acumulan, los Gobiernos de turno no tienen la voluntad política de adjudicarles el presupuesto necesario. Internamente, el sistema judicial se ha quedado sin capacidad para responder a los miles de juicios que claman justicia para sus muertos. La justicia penal colapsó el día que ejecutaron, dentro de una cárcel “de alta seguridad” a cuatro poderosos policías que también estaban al servicio del narcotráfico. ¿Cómo se llegó a tan aberrante degradación? Hace varias décadas que ese proceso comenzó. Recordemos algunos ejemplos, donde quienes manejan la impunidad comenzaron su pulso con los que estaban facultados para ejercer la justicia y no habían sido socavados ni moral ni profesional ni económicamente ni copados por el abandono de los otros poderes del Estado. El abuso de poder encontró su camino con las muertes de Alejandro Córdova en l944. Casos seguidos fueron los de Francisco Javier Arana y la de Carlos Castillo Armas. En esa década se argumentaba que eran crímenes “políticos” y que por esas causas nunca se pudieron esclarecer.

En los sesenta, el clamor por los abusos y la injusticia comenzó con las protestas estudiantiles, y la fuerza pública los persiguió, apresó y mató deliberadamente. Sin embargo, cuando los familiares clamaron por justicia, sus muertes y desapariciones tampoco fueron esclarecidas. La justicia penal enmudeció. Los setenta y ochenta fueron tenebrosos, oscuros y los Tribunales de Fuero Especial sentenciaron a muerte en el anonimato. Ante el desborde de las masacres y los miles de acribillamientos sin ejecutores perseguidos la justicia penal también fue secuestrada. A partir del 85 al presente, y por la persistencia de los afectados, la justicia penal actuó en los casos Gerardi y Mack. Sin embargo, la de Jorge Carpio, Epaminondas González, Jorge Castillo Love y otros cientos de muertes no fueron esclarecidas. La justicia penal ya estaba maniatada por amenazas, la represión y falta de capacidad técnica. Algunos elementos que están ahí para defender a los responsables de abusos, ya se habían infiltrado.

En los últimos diez años más de 39 mil guatemaltecos han perdido la vida en forma violenta. Especialmente jóvenes de las áreas marginales y muchos metidos en el tráfico de drogas, pero también cientos de personas victimizadas por los criminales. La lucha por la democratización, la firma de la paz, la ayuda y la presión internacional porque la justicia penal sea fortalecida, modernizada y profesionalizada ha sido como una gotita de agua en ese turbulento mar de la impunidad y el abuso de poder enraizado en los tiempos en que matar para acallar y matar para no juzgar se volvió el método más diabólico que se le ocurrió a quienes verdaderamente mandan en el país y a sus más estrechos colaboradores. Léase los traficantes de todo lo ilegal.    

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