Bajo la lupa estrategia de México contra el narcotráfico

México le declaró la guerra al narcotráfico. Y para librar las batallas más importantes, el Ejército se ha desplazado a ciertas áreas, en donde las batallas campales se convierten en habituales. Como frecuente, también, ha sido en los últimos meses la aparición de cádaveres decapitados, en los baúles de automóviles, con mensajes en sus cuerpos. Más de 1,050 asesinatos se han vinculado al crimen organizado en lo que va del año. En 2006, la cifra fue de 2 mil.

Felipe Calderón, el presidente de México, ha defendido su estrategia a capa y espada. Argumenta que es la única vía. “Costará muchas vidas”, dijo en una reciente entrevista, “pero es una batalla que vamos a ganar”.

Mario Mérida, investigador de política de la Defensa, opina que la estrategia que se lleva a cabo en México demuestra que “la fuerza pública debe hacer de policía, porque esta es la única manera de controlar estos crímenes. El narcotráfico y el crimen organizado producen inestabilidad política y económica, y deben combatirse. El dilema está en saber si la presencia del Ejército será permanente”.

“Emplear al Ejército solo demuestra que el Estado fracasó en procesar a los culpables de estos problemas”, apunta Iduvina Hernández, directora Ejecutiva de Seguridad en Democracia. “Y ni las fuerzas armadas ni la Policía están capacitadas para ello. Debería de crearse un modelo nuevo de seguridad y contar con un grupo que trabaje específicamente para ese fin”.

De momento, Calderón ha enviado 30 mil soldados a todo el país, pero en especial a zonas relacionadas con el narcotráfico –como Michoacán, Guerrero y Veracruz. “Es indispensable crear una Policía que tenga mística y base su actividad en valores éticos”, dijo.

Mérida reitera que lo importante de una medida como la adaptada por México es que sea “temporal. Es decir, actuar hasta que las aguas regresen a su lugar. El Ejército protege en caso de una acción militar extranjera y tiene un ideal de servicio. La Policía, en cambio, debe velar por el cuidado de la ciudadanía desde el punto de vista preventivo”.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México se ha opuesto a la medida adoptada por Calderón, ha advertido sobre los riesgos que conlleva el que soldados asuman una labor que debería corresponder a la Policía y pidió el regreso del Ejército a los cuarteles. Amnistía Internacional advirtió acerca de las muertes que acarrean los operativos y que son una violación a los derechos humanos.

Hernández coincide con ambas posturas. “El Gobierno mexicano es cínico al decir que debe haber sacrificio si se quieren ver los resultados. No es justo que muera gente inocente en este tipo de acciones. También son injustas las muertes de los soldados y policías, porque los obligan a hacer un trabajo para el que no están preparados”.

Mérida asegura que la muerte de civiles “es una carga para los Gobiernos, en estos casos. El Ejército está capacitado para ir por el objetivo sin importar el precio, y allí es donde se pudieran provocar las muertes de personas que no tienen nada que ver en la guerra contra el narcotráfico. Sí existe una violación a los derechos humanos, pero tanto los policías como los soldados saben que es algo que deben asumir”.

“Existen dudas fundadas sobre los alcances, la eficacia y las consecuencias de una estrategia de guerra frontal, basada esencialmente en el uso de la fuerza pública, donde, por cierto, la intervención del Ejército ocupa un lugar central, con todos los riesgos que ello significa para una institución tan respetada por la gran mayoría de la sociedad, cuya función no es la persecución de la delincuencia”, escribió hace una semana en el diario mexicano El Universal, Alberto Begné, presidente de Alternativa Socialdemócrata, un partido opositor. “Una guerra como esta puede durar años”.

Militarizar, ¿la respuesta correcta?

México lanzó al Ejército a las calles para luchar contra el narcotráfico. Según Iduvina Hernández, de Seguridad en Democracia, ello en Guatemala “sería impensable. En lugar de invertir Q1,200 millones en el Ejército, en este país deberían de crear una estructura nueva que se haga cargo del caso. Además, con la Policía Nacional tan deteriorada no se podría hacer ese trabajo”.

Mario Mérida, analista de seguridad lo ve, por el contrario, viable. “Si el Gobierno se rige por el Decreto 40-2000 creado durante el Gobierno de Alfonso Portillo, en el cual se especifica que las fuerzas de seguridad civil podrán ser apoyadas en sus funciones de prevenir y combatir el crimen organizado y la delincuencia común, por las unidades del Ejército de Guatemala”.

Hernández cree que, de ponerse en práctica, los resultados serían “desastrosos. El Ejército guatemalteco no tiene una función clara. Tampoco tienen una estructura, ni capacitación preventiva ni de investigación”.

“Para empezar aquí no hay presupuesto para hacer una operación de este tipo” señala Mérida. Tampoco hay suficientes elementos dentro del Ejército y la Policía. Mientras en México, creo que tienen como 150 mil efectivos, aquí creo que no superan los 6 mil y para colmo, unos andan en Haití y otros en el Congo. Entonces, cuando un Gobierno sale diciendo que enviará a 300 soldados a cuidar los buses de Guatemala, a los ladrones les da risa porque saben que esa cantidad no es suficiente para que vayan en el transporte público”.

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