Para propiciar la participación de los indígenas en la toma de decisiones en sus comunidades, un grupo de juristas mayas analizó las ventajas y desventajas que ofrece la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.
Amílcar Pop mencionó que “en la práctica no se respeta el derecho indígena en la administración de justicia”. Otros casos, como el de la administración de los recursos hídricos en Totonicapán o la Ley sobre las Consultas que aún se encuentra en el Congreso, muestran las lagunas de la legislación ordinaria en torno a los temas relacionados con los pueblos.
Entre las conclusiones del encuentro organizado por la Asociación Maya de Estudiantes Universitarios (AMEU), Rigoberto Quemé Chay mencionó que buscarán hacer más democrático el sistema con cambios constitucionales; que buscarán que los gobernadores departamentales ya no sean electos por el Presidente de la República, sino por la población. También, que las consultas, no solo sobre minería sino las que se relacionan la vida de las comunidades, sean vinculantes y respetadas por el Estado de Derecho.
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