Tiene derecho a la inscripción

Las autoridades electorales no hicieron otra cosa que cumplir con la ley cuando inscribieron al general Efraín Ríos Montt como candidato a diputado. Para que tal inscripción se hubiese podido denegar hubiera tenido él que estar sujeto a algún tipo de limitación para que se le pudiese elegir a dicho cargo, lo que no ocurre.

¿Podría llegar a existir una limitación basada en ley para que no pudiese participar como candidato a diputado, a alcalde o concejal o para que no pudiese acceder al ejercicio de cualquier cargo público? Sin lugar a dudas, tal y como podría existir para cualquiera pero, para ello sería necesario que se produjera, en juicio, una condena. Si así fuere, no podría acceder a cargos públicos en tanto persistiese el período de inhabilitación para el que hubiese sido condenado.

Resulta, pues, vergonzoso, que parlamentarios de países democráticos –con la más absoluta irresponsabilidad y desparpajo– hayan llamado a nuestras autoridades electorales al atropello de la ley, que eso, y no otra cosa, hubiese sido denegar la inscripción de una candidatura a diputado de quien no tenga impedimento para serlo.

Pero, en fin, la gente del extranjero desconoce nuestras leyes; si bien en sus propios países tienen leyes idénticas o parecidas que no permitirían en ellos la arbitrariedad que pretendían en el nuestro.
Tampoco saben, aunque lo debiesen saber, que existen otros postulados a candidaturas de elección popular señalados también por diversos crímenes que fueron perpetrados a lo largo del conflicto armado que se diera entre nosotros, incluidos los asesinatos de los embajadores Gorden Mein, de Estados Unidos, y Von Spreti, de Alemania. O qué, ¿acaso no los mataron?

A su desconocimientote de la ley –las nuestras y las suyas– vinieron a sumar, pues, una absurda incongruencia: se oponían a la candidatura de aquel, pero no a las candidaturas de los otros; tan cuestionables unas como otras.

Sin embargo, decíamos, extranjeros son y no están obligados a saber todo esto, aunque debieran.
Lo que sí resulta increíble es que organizaciones y personajes nacionales hayan alzado la voz en contra de las autoridades electorales por haber realizado la inscripción, exhibiéndolas como que si lo hubiesen hecho con quebrantamiento de las leyes, lo que no es cierto.

Este tipo de señalamientos le hacen mucho daño a Guatemala ¿Les importa a quienes los hacen?, puesto que minan la credibilidad en nuestras instituciones, que ya suficiente tienen con lo propio como para que se les atribuyan pecados que no tienen.

Para quienes quieran impedir que el general Ríos Montt o cualquier otro guatemalteco pueda acceder a cargos públicos, existe el camino de la ley: promover los procesos que corresponden y lograr las condenas. Por lo demás, la inmunidad parlamentaria no impide que se declare con lugar un antejuicio – en el caso concreto lo conocería la Corte Suprema de Justicia– y, en consecuencia, nada tendrán que ver la inscripción ni la elección que se produzca, con la incapacidad habida de lograr procesos y condenas.

Resulta muy fácil hacérselas de Antígona cuando lo que se necesita –si se quieren resultados y no simples alharacas– es a Creón: en el caso concreto, seguir los caminos de la ley. ¿Se quiere en Guatemala un Estado de derecho? Pues no insten los que lo quieren al atropello de las leyes ni exista queja de su parte por su estricto cumplimiento. En el caso concreto las autoridades electorales no tenían otra alternativa que acceder a la inscripción.

Contrario al caso de estos inconsistentes leguleyos que invocan monstruosidades jurídicas y que se atreven a tales despropósitos cuando las autoridades –en ley– no se prestan a su agenda y que no tienen miramiento alguno de exhibir inadecuadamente a Guatemala, ha brillado en nuestro foro la acción de inconstitucionalidad interpuesta por el doctor Gabriel Orellana Rojas en contra de las elecciones “legales, pero no legítimas” que habían sido convocadas por el Tribunal Supremo Electoral para elegir diputados al Parlamento Centroamericano que tomarían posesión hasta octubre de 2011.

Todos agarraban el rábano por las hojas, pero Gabriel Orellana lo tomó de cuerpo entero: el problema jurídico no era la inmunidad de nueve años a favor de los electos sino el atentado que se hubiese producido en contra de los electores y de la efectividad del sufragio. Orellana, en el caso del Parlacen, tomó el camino de la ley. Los otros –en el caso de la inscripción de Efraín Ríos Montt como candidato a diputado– el de la alharaca periodística.

Los dos caminos, tal y como corresponde, conducen a resultados distintos…

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