Violencia es violencia

A pesar de lo grave que resultaría la existencia de una violencia con fines desestabilizadores, no podemos quedarnos en la discusión de si los asesinatos de pilotos y ayudantes de buses tienen relación con los planes de políticos y partidos, pues a la vista están los 14 dirigentes, candidatos a alcaldes o diputados que han caído acribillados en este proceso electoral y que afecta a más de un partido político, pues el objetivo está claro: sacar del camino a como dé lugar, a contrincantes políticos.

Desde el momento que en diversos partidos hay participación de personajes públicamente reconocidos por su participación en el narcotráfico o por hechos de violencia criminal en el pasado, no podemos esperar otra cosa más que la violencia contra quienes representen una amenaza a su poder en una determinada región del país. Los medios de comunicación nos han informado de candidatos y alcaldes actuales que se mueven con guardaespaldas que sólo esperan órdenes para realizar los trabajos sucios que les sean encomendados y, muchos de ellos, han sido acusados en los tribunales por hechos de violencia contra ciudadanos. Para nadie es un secreto la composición del Congreso de la República y la actitud que han asumido frente a leyes que contribuirían a combatir la impunidad, el crimen organizado y los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de “seguridad”.

Recientemente, se ha informado de la captura de elementos con armas de alto poder en pleno centro de la ciudad y desde hace mucho se menciona a los ex militares que conforman los ‘zetas’, con nexos en Guatemala, y que no actúan solo del lado de México, sino también de este lado, donde tienen su asidero, pero la Ley de Armas y Municiones no pasa porque no interesa a los diputados su control o porque pertenecen a las bandas o responden a esos intereses que están atrás del tráfico y venta ilegal. El promedio de asesinatos diarios de jóvenes y mujeres con armas de fuego escandaliza al mundo, preocupa a las autoridades guatemaltecas, pero no pasa de ser eso: una preocupación, sin que ello alcance a los señores diputados que están obligados a legislar para proteger a la ciudadanía honrada. Ni CICIG, ni Ley de Control de Armas, ni de Regulación de Empresas Privadas de Seguridad.

Si no hay una clara coordinación y voluntad política de los tres Poderes del Estado y si no se pierde el miedo frente a quienes actúan violentamente y se deja de cubrir o justificar la acción de los ciudadanos comunes contra el crimen, no se podrá desterrar la violencia que provoca tantas muertes, ya sea violencia política o violencia común, cuyo control corresponde al Estado.

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