Prevención del delito

La represión del delito, por medio del castigo efectivo y ejemplar, es fundamental en el contexto de una política pública orientada hacia preservar el orden público y la paz social, ya que reprende conductas antisociales y disuade a potenciales delincuentes de elegir el camino del crimen y la violencia.

No obstante, la represión del delito es insuficiente para lograr el control social y dirimir todos los conflictos. Para tal fin, se requiere de una estrategia orientada hacia la administración de riesgos con la participación de la comunidad. O sea, una estrategia de prevención del delito que anticipe las condiciones propiciatorias de la acción violenta y contenga el impulso criminal. 

En el marco de la ejecución de una política criminal integral, deben formularse y ejecutarse políticas públicas que solucionen los problemas que puedan llevar a una persona a delinquir, tales como la violencia intrafamiliar, el bajo nivel de educación, el deficiente estado de salud física o mental, y las condiciones de vulnerabilidad.

El trabajo social voluntario puede apoyar instruyendo a los jóvenes sobre la importancia del respeto a la ley, estableciendo centros de recepción para los jóvenes desempleados o programas de tratamiento del alcoholismo y la adicción a las drogas, e involucrándose en los proyectos de rehabilitación y readaptación de niños y jóvenes infractores, o contra la mendicidad. 

También debe contrarrestarse la atracción que ejerce el crimen organizado, mediante programas sociales y culturales en las escuelas y en los medios de comunicación social, intensificando los esfuerzos para desalentar la delincuencia juvenil y reducir las posibilidades de negocio ilícito, a través de la eliminación de los respectivos mercados (drogas, servicios sexuales, etcétera).

Asimismo, debe trabajarse en reducir la tentación criminal a través de la organización de vecinos y de la asesoría de profesionales independientes, del empleo generalizado de recursos técnicos auxiliares, como la televisión en circuito cerrado y las cámaras de velocidad (que en algunos casos concretos ya han dado resultados) y de la prestación de apoyo adecuado a las víctimas, para evitar que se repitan las agresiones.

La prevención del delito también exige la solución de los conflictos. Inequívocamente, la falta de atención pertinente y oportuna de los conflictos en nuestro país ha redundado en una conflictividad desbordada, que se está traduciendo en violencia y crimen. Por otro lado, no sólo no se tiene acceso a una justicia oficial pronta y cumplida, sino que tampoco se ha desarrollado una cultura de resolución pacífica de las disputas, a través de mecanismos como la negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje. En todo caso, debe tenerse presente que cuando se dan largas a los conflictos, las largas, generalmente, se convierten en culebras.

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