Autocensuras en el debate electoral

Está bien hablar de productividad, competitividad, responsabilidad social de las empresas y otros conceptos que, desde la academia del Norte, han filtrado nuestros medios empresariales y políticos. Ahora, asumir en esencia esas nociones implica empujar ciertas tareas básicas pendientes. Una de ellas es la competencia en el mercado.

Hace unos días escribí de la esclerosis que padece el estratégico sector bancario, y sobre cómo el Estado contribuye a un mercado de dinero altamente especulativo: él es el gran cliente que contrata deuda y coloca dineros públicos con intereses muy ventajosos para los banqueros. Y los bancos, pupusos de plata, suelen buscar operaciones de rendimientos espectaculares en el exterior que a veces resultan bochornosos fraudes financieros, como bien sabemos.

Pero insisto que los fideicomisos para micro-créditos que montan los Gobiernos y prometen ahora los candidatos presidenciales son negocios para las altas burocracias públicas y privadas, con impactos apenas marginales en los pequeños productores. Ese esquema no va a cambiar, aunque los banqueros sean buena gente, si el Estado no les quita la teta y los empuja a la economía real a circular los dineros a precios de mercado. Esa es la competencia que sí dinamiza la economía, multiplica inversiones y abre plazas.

Similar paisaje tienen otras áreas de la economía que a estas alturas ya no necesitan protección ni privilegios, porque ese estatus resulta oneroso para el desarrollo y el Estado, por ende injusto para los consumidores, y un freno a la movilidad social sana. Es el caso de los oligopolios de azúcar, bebidas, cemento, harina, avícola, transporte aéreo, fertilizantes y otros. Algunos de esos oligopolios son eficaces porque deben competir fuera, pero les cargan la mano a los consumidores locales a la vez que constriñen nuevas inversiones; la burocracia del trámite aceitada por la corrupción es funcional para que la competencia en ciernes se fatigue y acabe rindiéndose a los oligopolios.

Puede que esas reglas –captura de aduanas y puertos, de registros comerciales y de patentes, distribución de mercados por cuotas etcétera– sean abatidas con el tiempo por la globalización, o bien se anquilosen como feudos de los cárteles y las mafias, lo cual encaja en el Estado fallido. Por eso hay que sacudirlos. Es la piedra de toque de una política de desarrollo. Pero de eso no debaten los candidatos; hay miedo incluso entre los propios empresarios. Y los nuevos gerentes –la base social de la globalización– se refugian en la jerga inaplicable de Harvard. Hasta Berger alude a salarios por competitividad, aunque si le aplicamos a él esa fórmula se queda en deuda. En fin, autocensurarnos no desaparece el problema.

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