El recuento dice que en los últimos 18 meses alrededor de 30 políticos han sido asesinados. Ahora, ¿eso significa que estamos bajo un patrón de violencia política? Para la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos y el Mirador Electoral, sí, la violencia está envolviendo este proceso de elecciones.
El problema de analizar las fuentes de la violencia que se desborda a diario, es que no hay información de investigaciones profesionales, sean oficiales o independientes. No creo que eso responda a una política deliberada de ocultamiento, como fue durante el conflicto armado. Creo, más bien, que no existen las capacidades institucionales de conducir esas investigaciones; claro, en última instancia, es un problema político.
Pero le he puesto el signo de interrogación a la calificación política de la violencia, porque lo que leo en el entorno no le calza. Insisto en que no es ocultamiento, pues aún fragmentos de información o indicios siempre se filtran. Ocurrió con las operaciones de limpieza social bajo la administración de Vielmann y Sperisen. El Gobierno en bloque las toleraba negándolas, y de todos modos, agentes activos y testigos directos circularon la evidencia. Cierto, no sirvió de mucho, lo cual indica que la tolerancia de la ilegalidad iba más allá, abarcando –que no es novedad– al MP, pero también redes sociales, poderes fácticos y otros poderes del Estado. Y ocurrió en el caso de Juan Carlos Marroquín, vocero de la UNE, donde los indicios apuntaron hacia el móvil político del ataque violento contra sus vehículos.
Ahora, los datos del entorno dicen dos cosas: uno, más de 15 personas mueren violentamente todos los días en Guatemala. En unos casos son víctimas inocentes convertidas en “blancos de oportunidad” de delincuentes o de una práctica cada vez más extendida, el sicariato. En otros, son ejecuciones planificadas por carteles de narcotraficantes o bandas organizadas, que hacen de la violencia su lenguaje de implantación y poder. Si el común de los habitantes estamos expuestos a morir violentamente sin motivos aparentes, no hay razón para pensar que los políticos quedan inmunes.
Dos, este es un proceso electoral bastante ordenado, a pesar de la debilidad institucional del TSE, de los aparatos oficiales de seguridad y de los propios partidos. Noto un proceso gobernable desde las cúpulas, donde incluso los ataques verbales entre candidatos y las guerras solapadas por internet son parte de la inflamación usual de la competencia, que quizá perturba a algunos, pero no altera el curso. Hasta ahora asistimos a un proceso no polarizado. Podría contra argumentarse que hay localidades dominadas por los carteles, o que éstos financian candidatos, lo cual es innegable, pero no es automático que sean fuente de violencia política, digo, en tanto los códigos que entre ellos establecieron no se violan.
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