Exoneración leonina

Sorpresa, indignación y escarnio ha causado a la sociedad nacional la noticia de la exoneración de impuestos: a la importación de maquinaria, materia prima, IVA y extraordinarios de  exportación, por el lapso de un año, otorgada a la empresa minera, Compañía “Guatemalteca” de Níquel, por el Ministro de Economía,  basado en la antinacional, ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila. La exoneración  aludida, –según el Centro de Acción Legal Ambiental (Calas)–, provocará que el Estado, deje de percibir por lo menos ¡Q400 millones! Una bicoca, para la Compañía, la cual de todos modos –según la vocera de la empresa-“no ingresaría al Estado, porque se reintegraría  a la compañía, como parte de la devolución del crédito fiscal”. Vaya descaro, y qué cruel connivencia, la del Organismo Ejecutivo. La burla a los guatemaltecos está garantizada.

Por una u otra norma “legal”. Si al monto de lo exonerado a la minera, sumamos el de los aranceles, no percibidos, por el fisco, por el efecto del DR–CAFTA, -en su primer año de vigencia-, Q500 millones, estamos dejando de percibir,  con estos dos “contratos” ¡Q900 millones! Qué opina de esta deleznable situación la señora Carolina Roca, quien ha ofrecido mano dura, en contra de los que evadan o eludan impuestos. ¿Tendrá ya preparado el Recurso de Inconstitucionalidad, en contra de la Ley que da pie a este descarado robo a los guatemaltecos?, o qué medidas tomará, ¿hará siquiera una declaración pública? Ya anteriormente el Centro Internacional de Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH), denunció públicamente, que bajo esta Ley se cobijan infinidad de empresas, que como en el caso comentado y en estricto apego a la legalidad y justicia social, no tendrían por qué acogerse a la misma. Frente a esta situación, debe imperar, el  principio constitucional,  que expresa sabiamente, que el interés social prevalece sobre el interés particular, en tal sentido, no hay vuelta de hoja. En la situación particular de la empresa minera, estamos frente a un típico caso de contrato y resolución leonina, para los guatemaltecos, y por lo tanto nulos de pleno derecho. No es justo, que ambientalmente los guatemaltecos, seamos los que tengamos que sufrir las consecuencias nefastas, de la explotación internacional de nuestros recursos y además, en aras de “atraer inversión”, subsidiemos a multinacionales esquilmadotas. Este caso grafica elocuentemente, lo afirmado por sectores populares nacionales, en este país se privatizan las ganancias, y se socializan las pérdidas.

Es tiempo de actuar nacionalmente y revertir esta vergonzante situación.

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