¿Anticorrupción?

El Estado de Guatemala aprobó y ratificó la Convención Interamericana contra la Corrupción (vigente desde el 2001) y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (vigente desde el 2006). Ambas convenciones contienen preceptos que instan a los Estados parte a adoptar medidas concretas tendentes a combatir la corrupción, entre ellas la creación de delitos anticorrupción, tales como el enriquecimiento ilícito, el uso ilegítimo de información privilegiada y el tráfico de influencias. Asimismo, disponen que se regule lo relativo al acceso a la información pública y al conflicto de intereses, y que se fortalezcan los órganos de control estatal. Empero, pocos avances se han registrado en materia de transparencia y anticorrupción.

En la agenda legislativa no está previsto el desarrollo de dichas Convenciones, a pesar de que se han generado distintos anteproyectos de ley, entre ellos reformas a los Códigos Penal y Procesal Penal.

Asimismo, se han elaborado proyectos regulatorios del acceso a la información pública, del secreto de Estado y de la desclasificación de información confidencial. Lo más lamentable es que ninguno de los proyectos políticos que están compitiendo den el marco del actual proceso electoral incluyen dentro de sus planes de Gobierno temas relacionados con transparencia y anticorrupción. Por el contrario, algunos favorecen descaradamente el aumento del gasto público discrecional, opaco y clientelar. No sorprende, entonces, que Guatemala no haya tenido presencia ni participación en eventos a los que, como Estado parte, debería estar asistiendo. Por ejemplo, no se participó, por obvio desinterés, en la Primera Conferencia de Estados Parte de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que se llevó a cabo en diciembre del 2006, ni tampoco en el Seminario sobre Cooperación Internacional en Asistencia Técnica para la Implementación de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que tuvo lugar en Montevideo, Uruguay, en mayo del 2007, en seguimiento de las recomendaciones que se formularon en la referida primera conferencia.

Tampoco se ha hecho absolutamente nada en cuestión de implementar los compromisos asumidos por el Gobierno de Óscar Berger cuando se adhirió a la denominada Declaración de Guatemala para una Región Libre de Corrupción, suscrita por los Presidentes de los Estados que integran el Sistema de Integración Centroamericano (SICA), casualmente a raíz de una propuesta del Gobierno guatemalteco con motivo de la celebración de la Duodécima Conferencia Internacional Anticorrupción, que tuvo lugar en nuestro país en noviembre del 2006 y que reunió a más de 1,200 representantes de diversos países del mundo, evento que, por cierto, fue explotado ampliamente por el actual Gobierno con fines propagandísticos y de venta del país al exterior.

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