Honrado en la casa y bribón afuera

Hace una década, el analista argentino Gerardo Bongiovanni predijo que la presencia de las multinacionales en América Latina reduciría  los niveles de corrupción en la región. La hipótesis parecía razonable. Si esas empresas provenían de sociedades en las que la norma era el comportamiento ajustado a la ley, una vez instaladas en Iberoamérica contribuirían con su ejemplo al adecentamiento de la vida pública de estas naciones, actuando como focos de irradiación de la “responsabilidad corporativa”.

Bongiovanni acaba de rectificar su opinión: ha sucedido lo contrario. Las multinacionales se han adaptado a los podridos hábitos latinoamericanos y, con pocas excepciones, pagan coimas y vulneran las reglas escudándose tras el argumento de que esa es la única forma de hacer negocios en la región. O pagan o tienen que irse, porque solo mediante el soborno de funcionarios deshonestos pueden ganar licitaciones públicas. Naturalmente, no todos los países operan con el mismo nivel de corrupción. De acuerdo con los informes de Transparencia Internacional en Chile, Uruguay y Costa Rica los hábitos de Gobierno son mucho más sanos.   

La corrupción genera un daño doble. Por una parte, eleva los costos de transacción. Si una empresa internacional de comunicaciones o de energía reparte millones de dólares entre los funcionarios y los políticos que les han garantizado una posición ventajosa en el mercado local, sin duda alguna esos costos serán agregados a las tarifas de los consumidores finales. La corrupción no le cuesta al empresario, no sale de su bolsillo: es abonada por los indefensos consumidores, directamente o por medio de los impuestos.

Pero el daño intangible es el más peligroso. ¿Cómo sentir que el ámbito público nos pertenece y ha sido segregado libremente para nuestro beneficio si solo sirve para enriquecer a la clase dirigente? Por esa brecha moral es que penetran los Chávez y los Evos de este mundo. Por eso los golpes militares o las acciones violentas de los insurrectos suelen tener cierto apoyo popular en América Latina: no son vistos como agresiones contra el Estado de Derecho, sino contra la injusticia y el peculado. Por eso, también, la corrupción de las multinacionales atentan contra la democracia.

¿Cómo puede aliviarse ese problema? Con sanciones ejemplares. Si la Unión Europea les ha impuesto a la americana Microsoft, a la alemana Siemens o a Telefónica de España multas de centenares de millones de dólares por obstaculizar la competencia, ¿cuánto deberían pagar las multinacionales por prácticas aún peores en  Latinoamérica? ¿No es mucho más grave comprar presidentes y legisladores que tratar de manipular el mercado?

El argumento de que esa es la única forma de hacer negocios en el tercer mundo no es válido. Si no estamos dispuestos a admitir el derecho de un médico a engañar a sus pacientes o de un abogado a mentir a los tribunales, no es posible que les concedamos a los empresarios una patente de corso para  hacer trampas en el extranjero. Si violar la ley es el único camino, es preferible no transitarlo y concentrar las actividades empresariales en donde el juego sea limpio. No es aceptable ser una persona honrada en la casa propia y un bribón en la ajena. 

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