Una sala de apelaciones ha ordenado al Ministerio de la Defensa poner a disposición del Ministerio Público (MP) varios planes de campaña vigentes durante el conflicto armado interno. Con la decisión de la magistratura, el sistema da un pasito hacia la justicia para las víctimas de genocidio en Guatemala. Agrupadas en la Asociación Justicia y Reconciliación (AJR), nuestras y nuestros compatriotas continúan con tenacidad y paciencia una batalla que no les beneficiará solo a ellas, sino al conjunto de la sociedad.
A diferencia de quienes acudieron en nombre del Estado a la vista pública el lunes 16, quienes integran la AJR y sus auxiliares legales invierten su tiempo y esfuerzo para construir historia a favor de la verdad y la justicia. La sentencia del tribunal, que ordena entregar, entre otros, copia certificada de los planes Victoria 82, Firmeza 83 y el plan de la operación Sofía (ejecutado en 1982), representa un importante avance jurídico. Y lo representa porque permite, al igual que ya lo hizo la sentencia previa de la Corte de Constitucionalidad (CC), tener elementos judiciales para discernir sobre lo que son “asuntos militares de seguridad nacional”, al tenor de lo que expresa el Artículo 30 constitucional. Recordemos cómo, al amparo de dicha frase, de manera persistente el Ministerio de la Defensa y sus dependencias se han negado de manera ilegal a proporcionar información importante no solo en materia judicial sino de transparencia y rendición de cuentas.
De manera que, si bien dicha sentencia se produce en el marco de un proceso judicial por crímenes de lesa humanidad contra quienes planificaron, instigaron y ejecutaron actos de genocidio en Guatemala, su alcance trasciende ampliamente esa materia.
Los argumentos frívolos del Ministerio de la Defensa, que pretendía proteger el secreto con que hace un cuarto de siglo se planificaron las masacres, fueron descartados jurídicamente. Los jueces le han dicho al jefe del instituto castrense que los crímenes cometidos hace 25 años no son un asunto de seguridad nacional y que está obligado a entregar dichas pruebas al MP, quien curiosamente brilló por su ausencia en la vista pública.
La sala judicial le dice a los funcionarios en nuestro país que el interés y el derecho público de saber están por encima del interés particular, individual (en este caso de procesados por crímenes de genocidio) o institucional (el estamento militar que se erige en escudo de la impunidad).
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3 comentarios:
Manuel Aler: (2007-07-24 13:51:07 horas)
¡Y dale, también, con lo mismo, don José Navas!, porque una cosa es asumir las consecuencias de tomar las armas, luchar, combatir, ganar o perder batallas; como Ud. dice y otra es reclamar justicia en contra de quienes, como estartegia, arremetieron contra la población civil, con toda la fuerza de un ejército, armado hasta los dientes y sin escrúpulos, que torturó, violó y asesinó a miles de hombres y mujeres, ancianos y niños indefensos.
Nadie reclama por los guerrileros muertos en combate, ese es un riesgo lógico de quien toma las armas; pero callar y aceptar, como si nada, las muertes de miles de inocentes es inmoral y criminal.
Jose Navas: (2007-07-24 11:15:13 horas)
Dale con lo mismo, los que se metieron con la guerrilla, tenían que sufrir las consecuencias, lógico, en una guerra se lucha, se combate, se pierde la vida o se ganan las batallas, que querían que los defensores del País se cruzaran de brazos y dejaran hacer lo que se proponían, no. Porque no se escribe parejo, las atrocidades que cometieron en su lucha, esas se ocultan o tratan de olvidar, porque ahora, reclaman, para sacarle dinero al Estado, las viudas, las víctimas de la guerra, y los héroes que quedaron paraplégicos que, a todos debe tratárseles igual. No creen.
Manuel Aler: (2007-07-24 07:57:05 horas)
Los militares acusados y el Ministerio de la Defensa no pueden ser mas cobardes al tratar de esconderse tras sus mil trucos y artilugios legaloides.
Otro tanto, le corresponde a los "fiscalitos" encargados del caso, siempre a las órdenes y lamiendo las botas de sus tatas militares...¡que vergüenza! y todavía algunos dicen que la CICIG no es necesaria (claro, afecta a sus parientes o amigos implicados en crímenes de diversa índole).
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