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    Guatemala, sábado 28 de julio de 2007

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    OPINIÓN

    La CICIG: un mecanismo innovador

    Roberto Garretón*

    Defiende la vida y para eso sirve el derecho.

    El Compromiso IV del Acuerdo Global de Derechos Humanos de marzo 1994, clave en las negociaciones que pusieron término al conflicto de Guatemala, contemplaba la investigación de las atrocidades cometidas por los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS). Fue uno de los Acuerdos de Paz incumplidos.

    El 16 de enero de 2003 el procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Sergio Fernando Morales Alvarado, propuso la creación mediante ley de una Comisión Investigadora de los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS). La propuesta respondía al “clamor que han desatado los asesinatos, amenazas y hostigamientos contra defensores de los derechos humanos, jueces, magistrados, políticos, abogados, asesores del Congreso, líderes políticos, periodistas, sacerdotes, representantes y guías históricos de los pueblos indígenas y otras personas”. La proposición consistía en que el Presidente de la República presentara al Congreso un proyecto de ley creando la CICIACS, que se integraría con “representantes de organizaciones internacionales y del Gobierno de Guatemala”. La CICIACS satisfaría la recomendación 41 de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, y se ajustaba en todo a la Constitución de Guatemala y a los instrumentos de derechos humanos.

    A pesar de la gran aceptación de la propuesta por parte del Gobierno, la sociedad civil, los organismos de defensa de los derechos humanos, las agencias de la ONU en el país y las Iglesias, hubo que esperar hasta el 7 de enero de 2004 para que se suscribiera un acuerdo entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala, que era claramente menos ambicioso que el propuesto por el Procurador para los Derechos Humanos. Pero este acuerdo tampoco se cumplió. Entre tanto, los CIACS continuan sembrando el terror y gozando de impunidad.

    El 12 de diciembre de 2006 se acordó entre la ONU y el Gobierno de Guatemala la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), cuyos objetivos son, en esencia, apoyar, fortalecer y coadyuvar a las instituciones guatemaltecas; especialmente en determinar la existencia de CIACS (su estructura, formas de operar, fuentes de financiamiento y posible vinculación con entidades o agentes del Estado); colaborar en su desarticulación; promover la investigación, persecución penal y sanción de los delitos cometidos por sus integrantes; y recomendar la adopción de políticas públicas para erradicar los aparatos clandestinos y poner fin a la impunidad.

    La oposición a la CICIG se basa en un irrespeto de la soberanía del Estado. Se trata de un argumento a estas alturas desprestigiado con los inmensos avances en el desarrollo jurídico, político y moral de la cultura basada en los derechos humanos en constante progreso. Por lo demás, la CICIG no es un cuerpo resolutivo y su mandato es solamente de asesoría y persuasión solicitado por las autoridades nacionales. Luego se alega una supuesta violación a la Constitución, argumento ya descartado por la Corte de Constitucionalidad en su dictamen del 8 de mayo.

    Pero mi principal consideración para defender la idea de la CICIG es otra: ¿necesita Guatemala la CICIG o no la necesita? Es esta la cuestión central que debe resolver el Congreso en los próximos días. Espero que el movimiento de derechos humanos –que cuenta con tantas víctimas de los CIACS– y en general los actores democráticos no desperdicien esta oportunidad, pues quizás no haya otra.

    Como escribía José Legaz y Lacambra, “el derecho sirve para la vida, o no sirve para nada”, y hoy nos ofrece este instrumento. Aún cuando la CICIG no satisfaga las aspiraciones máximas, debería significar un avance importante para el término de la impunidad.

    *Roberto Garretón  integra el Comité Asesor del Secretario General de la ONU sobre Prevención de Genocidios.

    Roberto Garretón*

    27 julio 2007

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