No es para menos, la voz de alarma que empieza a generarse. La cuestión en debate, el orden de prioridades en el uso de la tierra cultivable: alimentos o combustibles. Al respecto, recientemente se desarrollaron en La Antigua Guatemala dos importantes eventos: La Cuarta Conferencia Ministerial de Agricultura de América y el Seminario Economía Campesina y Dinámicas Económicas Rurales Emergentes en América Latina. El primer evento fue de carácter intergubernamental y el otro fue impulsado por organizaciones sociales y académicas. En el centro de los dos eventos estuvo la agricultura y los fines que la misma debe perseguir en el mundo actual. En los respectivos documentos de declaración final ambos coinciden en la necesidad de revalorizar la agricultura, pero donde se bifurcan los caminos es en cómo hacerlo. La Ministerial insiste en la competitividad y las alianzas público privadas como instrumentos para impulsar la agricultura y el desarrollo, colocando (sin decirlo explícitamente) como único elemento viable de la agricultura “el agro negocio”, es decir la gran extensión de cultivo dedicado a la exportación, con capacidad de aprovechar la coyuntura para incorporarse a la producción de agroenergéticos y de aliarse con los oligopolios de los alimentos. De lo anterior deviene que la actividad del Estado, incluyendo subsidios, debe priorizar y favorecer a este sector. Las organizaciones sociales colocan en el centro de su actuación la pequeña economía rural y la seguridad y soberanía alimentaría. Y exigen del Estado políticas que posibiliten el acceso campesino a la tierra, crédito y otros recursos, e intervención en la regulación de precios.
Buscando como resultado el abastecimiento alimenticio del mercado nacional y regional, y sacar de la marginalidad a millones de productores transformado en rentable la que ahora es economía de subsistencia. La balanza de la historia agrega elementos a nuestra vieja dicotomía (latifundio-minifundio). Empresariado y Gobierno patrocinan la idea del mercado de exportación sin importar ni el costo ambiental ni el social. Organizaciones campesinas, sociales, ambientales y académicas optan por la soberanía alimentaria, una agricultura sana y amigable con el ambiente, con una equitativa distribución de la renta nacional. Es oportuno, ahora, que partidos políticos y candidatos expresen su posición sobre estos temas. La orientación de la futura Ley de Desarrollo Rural y el Código Agrario sellarán el destino de nuestra agricultura.
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1 comentarios:
sergio licardie V.: (2007-08-02 10:07:32 horas)
Cuando un niño nace tiene miles de miles de caminos y alternativas para su desarrollo. Sea del nivel socio económico que sea. Hay quienes quieren limitarlo a lo que su ideología o religión predican, pero aún asi, no logran cerrarle los caminos. Sabemos que la tierra y el mar deben fundamentalmente DAR DE COMER pero los procesos históricos y tecnológicos cambian constantemente las condiciones para esos objetivos. Podemos generar unidades auto suficientes y con utilidades. Pero algún ambicioso los puede empujar a una guerra y cambian todas las perspectivas locales. Vivimos una economía de mercado, de migraciones, de productividad, de servicios, etc. y todas están en juego al mismo tiempo. Un bici taxi produce más que un terreno con maíz y diariamente sin esperar cosechas y plagas. Miles de cosas como estas hacen los cambios de oportunidades actualmente. La tierra se vuelve vivienda y resulta mas económico el cambio de comprar alimentos que sembrarlo y esos millones de gentes, que se dicen, pasan a engrosar otras áreas y niveles económico culturales.
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