Es tiempo de consolidar las relaciones con Belice.
Gabriel Aguilera Peralta
El conflicto entre Guatemala y Belice se originó en 1859 con la convención de cesión territorial en tiempo del Gobierno de Rafael Carrera, instrumento que luego nuestro país consideró inválido por incumplimiento de la cláusula compensatoria. Estamos hablando de un contencioso de 148 años que se ha prolongado en la reclamación territorial que Guatemala hace en relación a parte del territorio de Belice. De allí que sea acertada la decisión de ambos Gobiernos de concurrir ante la Corte Internacional de Justicia, para que el diferendo sea resuelto.
La decisión se originó en la estrategia adoptada por la Cancillería guatemalteca en 1999. La Comisión de Belice y el Consejo de Belice habían llegado a la conclusión de que la única forma en que podía solucionarse el contencioso era llevándolo a un órgano jurisdiccional internacional. Esto remueve el peso de la decisión de los Gobiernos implicados y la traslada a una corte externa. Es un procedimiento coherente con la Carta de Naciones Unidas, de la OEA y en general con el derecho internacional de nuestro tiempo.
Pero en 1999 Belice no hacía consenso con esa solución. Para ir a la Corte ambos países deben estar de acuerdo.
Por ello se realizaron dos esfuerzos más, después de que Guatemala definió los términos de su reclamación en una carta entregada al Primer Ministro de Belice en 1999. El primero de ellos fue el Panel de conciliadores bajo el auspicio de OEA, que funcionó entre 2000 y 2002.
El Panel presentó sus recomendaciones, pero las mismas favorecían en un 90 por ciento los criterios de Belice. Al parecer, el conciliador que representó a nuestro país no fue particularmente eficiente. Por ello Guatemala no aceptó las recomendaciones.
El siguiente esfuerzo fue una gestión llevada por la OEA, explorando un acuerdo sobre espacios marítimos previamente a que se resolviera el tema territorial, emprendimiento difícil, ya que los límites marítimos se definen a partir de territorios.
El consenso actual fue posible por la decisión de Belice de aceptar una instancia internacional, ya sea la Corte Internacional de Justicia o un Tribunal de Arbitraje, para resolver el conflicto. En ambos casos, el procedimiento puede tomar algunos años.
A eso se debe la consulta popular que plantea la Cancillería. Los ciudadanos deben ser preguntados si aceptan la decisión que tome el órgano internacional, desde luego sin saber si será favorable o no a la petición de Guatemala. Una vez emitido el fallo, ya no cabe consultar nada, sino acatarlo. La decisión tomada por ambos países es la mejor. Es tiempo de concluir con una disputa originada hace siglo y medio, y consolidar así las relaciones fraternales con Belice.
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